La pandemia ha funcionado como un acelerador en muchos aspectos de la realidad. Algunas cuestiones que podrían haber tardado más tiempo en manifestarse terminaron por precipitarse durante este período de excepción. El colapso de nuestra sanidad, especialmente en lo que atañe a la atención primaria, es uno de estos ejemplos. Durante décadas el sistema ha emitido señales de fatiga y los observadores más directos venían avisando de que uno de los pilares del Estado de bienestar comenzaba a encontrarse en una situación crítica. En los años en los que se ha tenido que ofrecer una cobertura excepcionalmente exigente para dar respuesta al Covid-19, las grietas del sistema nacional de salud han pasado a convertirse en un problema insoslayable. La reforma de la sanidad y la correcta planificación de los medios y efectivos existentes debe convertirse en un objetivo prioritario para quienes tienen responsabilidades de gobierno. No cabe duda de que un uso diligente de los fondos públicos exigiría situar el cuidado de la salud de los ciudadanos por delante de muchos otros gastos. Por este motivo, entre las muchas reflexiones posibles, debemos cuestionarnos si es sostenible a largo plazo seguir derivando la inversión pública a fines que, con mucho, parecen menos urgentes y centrales que la cobertura sanitaria. En cualquier caso, cifrar esta cuestión únicamente en el gasto sería simplificar una realidad compleja que admite otros matices. No se trata, exclusivamente, de invertir más, sino de invertir también de forma más racional, flexible y planificada. La estructura de la demografía en España evidencia que la asistencia médica sufrirá nuevas circunstancias de estrés, por lo que, si no hacemos reformas de calado, esta crisis estará destinada a agravarse. De entre los muchos problemas que hoy tiene nuestro país, la sanidad y la necesidad de desarrollar políticas públicas ejecutivas y eficaces han pasado a adquirir una urgencia inédita. La movilización del personal sanitario y la creciente preocupación con la que la ciudadanía observa esta crisis dan cuenta de la que la situación merece ser encarada de forma inmediata. La sanidad ocupa una posición esencial dentro del pacto social. Además, el mantenimiento de una cobertura sanitaria universal, gratuita y de calidad es un objetivo lo suficientemente relevante como para no convertir la crisis sanitaria en un mero elemento más de confrontación electoral. Un sistema de salud robusto no es un bien optativo ni un lujo prescindible: es la condición de posibilidad de muchos otros derechos que nos dignifican como sociedad. A pesar del ruido de fondo, y si atendemos a los indicadores disponibles, no existen datos ni evidencias que permitan establecer que la sanidad sea sustantivamente mejor en los territorios gobernados por un partido político u otro. Tampoco se hace verosímil conceder que allí donde ha cambiado el color político de un gobierno se hayan generado transformaciones evidentes. Sería un error reducir una crisis estructural y que afecta a todo el Estado a debates locales que replican un mero interés de parte que se compadece, muy poco, con la gravedad y la importancia del asunto en cuestión. La gestión sanitaria es un problema común a todo nuestro territorio y la casuística demográfica, territorial y asistencial exigiría encontrar un liderazgo centralizado en el Ministerio de Sanidad. Proteger la salud de quienes viven en un territorio concreto se hace imposible sin cuidar, globalmente, la asistencia sanitaria de todo el país. Esta es, también, una de las lecciones aprendidas durante la pandemia. Como tantas veces, tendemos a convertir problemas de calado en objeto de la disputa partidista. No es inocente el que la atención pública y mediática se haya concentrado en Madrid, reduciendo un problema de Estado a una causa regional. Este hecho no sólo es injusto sino que impide elaborar un análisis holístico que es el que correspondería en un desafío que afecta a toda España. Siendo esto cierto, parece claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid se equivoca si intenta reducir la crisis sanitaria a una reivindicación gremial o de condiciones laborales. La defensa de una sanidad pública, gratuitita y de calidad es uno de los consensos en los que la sociedad española se mira y se reconoce en su conjunto. Procurarnos una sanidad sostenible en el tiempo y coherente con los valores que vertebran nuestra comunidad política es un propósito lo suficientemente importante como para exigir a nuestros políticos la mejor versión de sí mismos. Abordar coordinadamente la cuestión sanitaria es algo más que una necesidad, es una ocasión para recordarnos, como país, que podemos seguir haciendo cosas juntos.
