Alburquerque (Badajoz, 5.300 habitantes) busca alcalde. Tiene 10 días para encontrarlo y la tarea es muy complicada. Entre los requisitos: que no perciba sueldo y que haga frente de su bolsillo a una multa de 1.000 euros cada 20 días por un contencioso que una vecina inició contra el Ayuntamiento en 2005.
Este es el principal motivo que ha llevado al hasta ahora alcalde, el independiente Manuel Gutiérrez, a renunciar al cargo solo ocho meses después de lograr desalojar a la exsocialista María Luisa Murillo tras un acuerdo entre Independientes por Alburquerque (IPAL) y el PSOE. Y a solo cuatro meses de las elecciones. Gutiérrez formalizó su dimisión en la noche del jueves y ahora se tendrá que celebrar un pleno extraordinario para elegir a la persona que de forma tan desinteresada coja el bastón de mando municipal.
Que la situación económica y financiera era, y sigue siendo, un absoluto desastre es de sobra conocido. Que la tarea del equipo de gobierno tras la moción de censura de mayo de 2022 iba a ser épica, se presuponía. Pero lo que nadie esperaba es que la justicia metiera mano en el bolsillo del nuevo alcalde por un contencioso que una vecina inició contra el Ayuntamiento hace más de tres lustros.
Ni el tiempo que han exigido estos ocho meses como regidor ni la frustración al no obtener ayuda de otras administraciones e instituciones para sacar adelante a un pueblo con una deuda de 15 millones de euros -el triple de su presupuesto anual-, con trabajadores sin cobrar durante un año y con los servicios públicos desmantelados pudieron con la voluntad de Gutiérrez.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que le obliga a hacer frente a la multa con su patrimonio, ha doblegado esa voluntad, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene numerosos procesos judiciales abiertos que aún no se han resuelto y algunos de ellos podrían tener el mismo desenlace. "Soy un servidor de Alburquerque y no un político profesional", afirmó el exalcalde en el pleno donde formalizó su renuncia, y advirtió de que "en la cascada de sentencias que van llegando, muchas apuntan hacía la figura del alcalde".
Esta misma multa fue impuesta en febrero de 2022 a la entonces regidora, María Luisa Murillo, por un juzgado de Badajoz debido al incumplimiento reiterado, y numerosos recursos, de una sentencia que obliga al ayuntamiento a reparar una vivienda en ruinas que está causando perjuicios a los propietarios de una casa contigua. Pero al ser expulsada de la alcaldía, la responsabilidad pasó al siguiente mandatario. Este proceso se inició hace casi 18 años cuando el primer edil era el también exsocialista Ángel Vadillo, a quien apuntan todos los dedos como responsable de la quiebra técnica del pueblo. Debido a la inejecución de la sentencia por parte del ayuntamiento, la justicia sanciona al alcalde como máximo responsable.
Contra la decisión del TSJEx ya no cabe recurso, por lo que Manuel Gutiérrez lamenta esta situación "injusta" porque "si estamos aguantando carros y carretas y también tenemos que tirar de nuestros bolsillos, quitándoselo a nuestras familias para hacer frente a las tropelías que han ocurrido en este ayuntamiento durante muchos años, apaga y vámonos".
El primer teniente de alcalde, Juan Carlos Prieto (PSOE), se ha convertido en el alcalde en funciones y, aunque algunas miradas se dirigen a él para encabezar el gobierno municipal, Prieto no lo tiene tan claro: "El temor es que cualquiera que sea elegido puede ver comprometido su patrimonio personal, por lo que no descartamos nada, ni siquiera irnos a casa". Además, asegura que el proyecto para la reparación de la vivienda en ruinas "está visado y pagado, solo nos ha faltado tiempo para ponerlo en marcha".
En el caso de que nadie se postule como candidato a dirigir el pueblo, una gestora se tendrá que hacer cargo de la gestión municipal de un Ayuntamiento bajo la tutela financiera del Ministerio de Hacienda ante los incontables incumplimientos de la anterior corporación. La Junta de Extremadura también ha colaborado para aliviar la crítica situación de Alburquerque aplazando deudas y agilizando el pago desde la tesorería autonómica. Una colaboración insuficiente para quienes han estado al frente del pueblo en los últimos ocho meses y para el PP, que exige la intervención del Ministerio de Hacienda y que se fiscalicen las cuentas de los últimos 25 años.
La posibilidad de que salga a flote el municipio pacense se aleja con este nuevo escenario. Pero hay algo que sí ha cambiado desde la moción de censura. Los trabajadores municipales se concentraron en la plaza de Alburquerque durante el pleno del jueves para apoyar al alcalde y mostrar su malestar ante la decisión judicial que lo ha convertido en cabeza de turco. Esos mismos empleados también se manifestaban hace un año en el mismo lugar pero era para exigir el pago de sus nóminas y dejar de vivir, en muchos casos, de la caridad y de la ayuda de familiares.
