Enrique Sáenz afirma que el principal interés de la dictadura nicaragüense es acumular fortunas de manera fraudulenta y mantenerse en el poder para garantizarse impunidad.
Por Fabián Medina Sánchez /infobae.com
El economista nicaragüense Enrique Sáenz le pone nombre al régimen de la familia Ortega Murillo en Nicaragua: “Mafiocracia”. Y apellido: “Totalitaria”. Y da sus razones: “Daniel Ortega se ha apoderado de la totalidad de los poderes públicos. No hay ningún espacio público que escape al control de Ortega y su propósito es acumular riquezas”.
Sáenz aclara en entrevista con Infobae que él no inventó la definición. “En la conferencia internacional anticorrupción que se celebró a principios de diciembre en Washington, un grupo de especialistas internacionales, pertenecientes a renombrados centros de investigación, presentaron este nuevo concepto. La caracterización que hicieron los académicos pareciera calcada en el régimen de Ortega”.
“La mafia clásica violenta las leyes para acumular fortunas de manera fraudulenta”, explica. “Compra, chantajea o extorsiona a policías, parlamentarios, alcaldes, políticos, etcétera, para asegurarse impunidad. Acumula vía poder. No tiene piedad ni de sus víctimas ni de sus adversarios, aun con quienes han sido cómplices en el mismo negocio”.
Del régimen de Ortega afirma que carece de un proyecto político para desarrollar algún programa de cambios en el país, de modernización del aparato productivo, de mejoramiento de las oportunidades de la población y distribución de la riqueza. “Ese proyecto político se quedó en la retórica “, dice.
“Ni siquiera hay ya acumulación de poder por el poder, como en un momento se consideró de Ortega, que tiene una pasión enfermiza por el poder. Ahora el ejercicio del poder de manera descarnada es para acumular fortuna de manera fraudulenta igual que una mafia”, añade. “La única diferencia con los grupos mafiosos tradicionales es que estos (Ortega y Murillo) están enquistados en la totalidad de los poderes públicos del país”.
Después de tres derrotas electores consecutivas, Daniel Ortega regresó al poder en 2007. Desde ese año inició un acercamiento con el gran capital nicaragüense que poco después se tradujo en una alianza que le permitió establecer las bases de su dictadura sin mayores presiones.
En el proceso de consolidación de su régimen autoritario, se apropió de todos los poderes del Estado, violentó la prohibición constitucional que le impedía reelegirse, estableció el fraude electoral como método para designar a las autoridades y cooptó a Ejército y la Policía.
Durante estos primeros diez años recibió unos cinco mil millones de dólares de cooperación venezolana de “libre uso” con la que construyó su fortuna familiar y utilizó para ganar lealtades a través de prebendas.
En abril de 2018, la ciudadanía salió a las calles a protestar contra un modelo de gobierno que se evidenciaba autoritario. Decenas de multitudinarias marchas hicieron tambalear al régimen de Ortega, que buscó a la iglesia católica para que mediara en un diálogo con las organizaciones opositores.
Este respiro, sin embargo, fue aprovechado por Ortega para desarrollar una violenta represión que desmontó las protestas y dejó 355 muertos, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde entonces, el régimen se sostiene con un estado policial permanente y con una generalizada restricción a las libertades públicas.
“Hay grupos económicos, inversionistas y negocios, que se sienten protegidos por un régimen como el de Ortega. Como la mafia, vende protección y por eso quieren que Ortega siga en el poder. Otros ven a más largo plazo, se han lucrado, pero saben que Ortega se va a ir al abismo y no quieren irse con él y han venido distanciándose”, explica Enrique Sáenz.
El economista afirma que la falta de un proyecto político y el afán de acumular riquezas se evidencia en “la apropiación fraudulenta de los más de cinco mil millones de dólares de la cooperación venezolana, la adjudicación fraudulenta del proyecto (hidroeléctrico) Tumarín, del canal interoceánico, y la participación fraudulenta en los frondosos negocios de minería, electricidad y combustible”.
Además del nombre “mafiocracia”, Sáenz apellida a la dictadura de Ortega como “totalitaria” por las razones que él describe como “el decálogo de Ortega”:
Poderes de Estado. “Se apoderó de todos los poderes del Estado. No solo eso, se apropió de la totalidad de las alcaldías. Ni la más humilde de las alcaldías de Nicaragua escapó a la ambición de control y de poder de Ortega”.
Partidos políticos. “Incluso los que solo eran sospechosos, que ni siquiera era opositores, los eliminó para evitar cualquier tipo de competencia electoral”.
Organizaciones gremiales. “Encarceló a los dirigentes del Cosep (cámara empresarial) y reproduce el control mafiosos en los sindicatos”.
Medios de comunicación independientes. “Cerró medios de comunicación. Encarceló y persigue a periodistas con el fin de acallar voces independientes, voces que puedan trasladar la verdad al pueblo nicaragüense”.
Organismos no Gubernamentales. “Canceló la personalidad jurídica de más de 3000 organizaciones no gubernamentales para evitar espacios sociales independientes a su control”.
Universidades. “Se apropió del control de las universidades públicas y de centros de producción de pensamientos las transformó en antros, porque para esta mafia la consigna es muerte a la inteligencia. Estatizó a las universidades privadas y clausuró los centros de investigación”.
Presos políticos. “Encarceló y mantiene como rehenes a los dirigentes sociales, políticos y gremiales más connotados. Todos los que eran aspirantes a la Presidencia en las frustradas elecciones de de 2021 guardan cárcel en condiciones infames”
Vigilancia generalizada. “Un régimen totalitario busca cómo entrar en la conciencia, cómo dominar las mentes y las fibras más íntimas de la población y eso explica la vigilancia a la que están sometidos los hogares y las familias en sus barrios. Se vigila quiénes son sus amigos, quiénes les visitan, qué programas sintonizan en la radio o la televisión para mantener el control estricto sobre la familia”.
Agresión a la Iglesia. “Pretende aplastar el espacio que significa la iglesia, principalmente la iglesia Católica. Persigue religiosos. Encarceló a monseñor (Rolando) Álvarez, expatrió a monseñor (Silvio) Báez, prohíbe toda manifestación religiosa, sea el Santísimo, sea la virgen de Fátima o la San Jerónimo”.
Textos escolares. “El contenido de los textos escolares es odioso. Busca vaciar toda capacidad de pensamiento en los niños y adolescentes”.
Enrique Saénz dice que los recientes encarcelamientos a figuras del propio régimen se inscriben bajo el viejo código mafioso de “Omertá”, “ley de silencio y lealtad absoluta a la familia”
En la región, los otros países ven con desconfianza al régimen de Ortega, dice. “Hay quienes temen un zarpazo de ese grupo mafioso y hay otros que toman una actitud prudente, pero están claros que en el mediano plazo la permanencia de Ortega en el poder significa una amenaza de todo orden para la seguridad, por la alianza irresponsable con Putin o simplemente por la inestabilidad que genera migraciones, por ejemplo”.
Afirma que regímenes como el de Ortega terminan, entre otras razones, por fracturas en el poder, por la presión de grupos organizados que socavan los pilares de sustentación de la dictadura o por el mismo fin del capo. “(Anastasio) Somoza se fue el 17 de julio (de 1979) y el 19 de julio ya se había derrumbado el régimen”, concluye.
