El último guiño de Pedro Sánchez a ERC, el retoque del Código Penal que borra de un plumazo la sedición y crea un tipo de malversación a la medida de sus socios parlamentarios, causa una honda preocupación en el mundo jurídico. No solo por la desprotección que supone para el Estado despenalizar conductas que desestabilizan el orden constitucional, sino por la propia imagen de España fuera de nuestras fronteras . La cuestión adquiere una dimensión mayor a pocos días de que la causa del 'procés' vuelva a estar en primera línea en Europa. La cita es el martes en Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia sobre la cuestión prejudicial que hace ya casi dos años presentó el magistrado Pablo Llarena tras la negativa de Bélgica a entregar al exconsejero Lluis Puig. La trascendencia de la decisión que tomen los magistrados no solo tendrá implicaciones sobre el futuro de la euroorden como instrumento de cooperación, sino que está en juego la credibilidad del propio sistema democrático y judicial español , puesto en tela de juicio por la autoridades de ese país. Hasta el abogado general del TJUE , cuyo criterio suele seguir normalmente el tribunal, considera que Bélgica se extralimitó cuando fundamentó su rechazo a la entrega en la falta de competencia del Supremo español para juzgar a los líderes independentistas. Ese ataque no puede quedar sin respuesta, opinan en el Palacio de las Salesas, confiados en que la justicia europea haga valer el principio de reciprocidad y confianza mutua entre los Estados y destape una estrategia obstruccionista que Bélgica repite de forma recurrente. La decisión de la justicia europea condicionará el futuro de la euroorden La segunda derivada de la sentencia de Luxemburgo es que activará los estertores de la defensa jurídica del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: tras el fallo del TJUE ya solo quedará la decisión judicial relativa a su inmunidad y a la de los exconsejeros Toni Comin y Clara Ponsati, una respuesta que podría llegar en dos o tres meses, según fuentes parlamentarias europeas. Si el tribunal les devuelve el blindaje que les quitó la Eurocámara para hacer posible la entrega, algo que parece poco probable, ciertamente habrá que esperar. Si no lo hace no parece que Bélgica pueda poner ya más excusas para demorar el procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta que la corrupción es una de las categorías delictivas en las que la entrega opera de forma automática. Todo apunta a que Llarena, en consonancia con lo que antes decida el tribunal del 'procés' respecto a los ya condenados, solo los reclamará por malversación (tipo específico de corrupción) y desoirá la petición de la Fiscalía de reconvertir la desaparecida sedición en un delito de desórdenes públicos agravados. En el auto en el que retiró este delito a Puigdemont –como consecuencia de esa reforma penal exprés–, Llarena no dudó en reprender al Ejecutivo por dejar al Estado desprotegido. También por su insistencia en justificar la reforma en una supuesta necesidad de «homologar» la sedición a la regulación de ese delito en los países vecinos. Sánchez sabe que ningún país de la UE dejaría impune el otoño de 2017 en Cataluña. Pero llueve sobre mojado. Porque Europa también ha visto cómo el presidente del Gobierno llamó «venganza» a la decisión del Supremo de oponerse a los indultos. Y cómo sus servicios jurídicos han puesto algún que otro palo en la rueda a la instrucción de Llarena con afirmaciones como la proferida ante el Tribunal General de la UE sobre que las órdenes de detención estaban suspendidas cuando no era cierto. A falta del apoyo del Ejecutivo, y con la batalla de la propaganda ganada ya por los independentistas, el espaldarazo de la justicia europea a la tesis del instructor este martes parece más necesaria que nunca.
