El estado de emergencia en Perú se ha extendido por un mes más, según el decreto publicado por la presidenta Dina Boluarte el 14 de enero. El estado de emergencia afecta a las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, tres provincias y un distrito. Esta medida busca frenar las protestas que se han extendido por todo el país, y que piden un adelanto electoral y la renuncia de la presidenta.
La ordenanza presidencial también establece una “inmovilización social obligatoria” entre las 8:00 pm y las 4:00 am en la región de Puno, uno de los principales lugares de protesta. Además de restringir la libertad de movimiento y reunión, el estado de emergencia también prohíbe cualquier tipo de manifestación.
Las protestas en Perú comenzaron en diciembre de 2022, después de la destitución del expresidente Pedro Castillo y su intento de disolver el Congreso. Desde entonces, 49 personas han perdido la vida, 21 de ellas en la última semana, según la Agencia EFE.
La presidenta Boluarte ha pedido perdón por las víctimas en un mensaje televisado el 13 de enero, y ha animado a los peruanos a “rechazar la violencia”. Boluarte ha asegurado que “un estado democrático debe reconocer y garantizar el derecho a la protesta, pero de ninguna manera debe permitir que se haga abuso de este derecho”.
La propuesta inicial de la mandataria de adelantar las elecciones a 2024 no fue aceptada, y finalmente se decidió celebrarlas en diciembre de 2023, pero las protestas continuaron y las demandas de adelanto electoral y de renuncia de la presidenta siguen siendo una realidad.
El 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo anunció su intención de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción que gobernaría por decreto. Esta decisión fue rechazada por numerosas instituciones del país, y provocó varias renuncias en su gabinete ese mismo día. Castillo fue detenido preventivamente y está siendo procesado por el delito de rebelión.
La destitución de Castillo por parte del Congreso y su detención provocaron una ola de protestas entre sus seguidores, quienes exigen su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y un cambio en la Constitución. Las protestas han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, quienes han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos por no usar una fuerza proporcional.
El Ejército ha acusado a los manifestantes de utilizar armas y explosivos caseros. Perú ha enfrentado inestabilidad política en los últimos años, con seis presidentes en cinco años.
