La Justicia ha vuelto a anular la compra del archivo histórico del diario La Región de Ourense efectuada por la Deputación de Ourense. Es la segunda vez que ocurre. La primera derivó de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 3 de febrero de 2020. El ente provincial inició entonces un nuevo expediente para, por la misma cantidad de 2,7 millones de euros, adquirir el material. Ahora ha sido el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense el que ha revertido la operación por haber el ente provincial recurrido a “la generación de créditos”, una figura que “no es la adecuada”.
La denominada generación de créditos implica que existan “aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, conjuntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”. No fue el caso, indica el fallo del Contencioso ourensano. “No hay ninguna aportación por parte de La Región para financiar junto a la Diputación provincial un gasto propio de esta. Al contrario”, señala el magistrado, “lo que hay es una adquisición de unos archivos titularidad de este periódico, en el que no hay más aportación por parte de La Región que la entrega de sus archivos al precio fijado”. Que es 2,7 millones de euros.
La sentencia informa además de las partes no cumplieron todavía con el fallo de febrero de 2020 dictado por el Tribunal Superior. “Casi tres años después de haberse dictado la sentencia confirmando la anulación de la adquisición, sigue sin haberse dado cumplimiento a la misma”, dice el fallo. Es decir, los archivos, que corresponden a la colección que va de 1910 al 31 de diciembre de 2016, continúan en poder de la Diputación que preside José Manuel Baltar (PP). Y el dinero en las cuentas de La Región, periódico cuya línea editorial es próxima a la del PP provincial. “Esta restitución debería haber sido el primer paso lógico e imprescindible antes de iniciar un nuevo expediente de contratación”, afirma el juez.
Pero es que además esa devolución de dinero que no llegó a producirse -de La Región al ente provincial- era lo que la administración consideró “un compromiso firme de aportación para financiar actividades por parte de una entidad privada” en este segundo intento de venta. O sea, la base del uso de la generación de crédito. El fallo del Contencioso-Administrativo deja claro que esa maniobra no es legal: “[Se trata en realidad] de una obligación de restitución de lo que, conforme a la sentencia [del TSXG] no debió producirse”.
Contra esta sentencia, emitida al igual que la primera tras una denuncia de Democracia Ourensana -el partido de derecha populista del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome- cabe recurso y, según informa Europa Press, la Deputación de Ourense estudia presentarlo.
