El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, defendió el proyecto de ley para aumentar la antigüedad de los buses de 15 a 18 años. De hecho, atacó a la fracción del Frente Amplio por bloquear el avance del plan mediante la presentación de mociones en la Asamblea Legislativa.
Amador alegó que tendrá que cancelar permisos de operación a los buses que ya superaron la vida útil establecida en la legislación, bajo la cual entraron a funcionar.
“Parece que lo que quieren es crear un caos en el país y echarle la culpa el Gobierno”, argumentó el jerarca de Transportes en declaraciones a la prensa, posterior al Consejo de Gobierno, este miércoles.
El proyecto en discusión es un beneficio para los empresarios que no actualizaron su flotilla de autobús puedan mantenerse en operación, bajo el argumento de la afectación por la pandemia. La redacción actual de la propuesta de ley permitiría operar con buses de hasta 18 años, tres años más de lo que permite actualmente la legislación vigente.
El Frente Amplio presentó más de 100 mociones, por lo que la discusión de cada una de ellas en la Comisión de Asuntos Económicos supone un avance lento.
Según el Consejo de Transporte Público (CTP), alrededor de 100 empresas tienen 350 buses que no podrán circular a partir de enero, por lo que el jerarca manifestó preocupación por los usuarios que no podrán recibir el servicio de autobús, a menos que los empresarios compren unidades nuevas.
Amador culpó a los diputados del Frente Amplio y les endosó la “factura” por “haber impedido el avance del proyecto de ley”.
El jerarca advirtió de que la imposibilidad de aprobar esta ley lo obliga a “cancelar permisos” a las empresas que incumplan, al mismo tiempo que justificó los retrasos de los empresarios en ponerse al día con lo que establece ley, ante las dificultades económicas.
De acuerdo con Amador, el Gobierno le propuso al Frente Amplio conceder a los autobuseros al menos un año para renovar la flotilla, pero no hubo respuesta. “Parece que no les importa lo que va a pasar”, dijo refiriéndose a los congresistas.
La diputada Sofía Guillén, representante del Frente Amplio en la Comisión de Asuntos Económicos, afirmó que la propuesta de reducir el beneficio a un año fue apenas enviada el martes anterior, un día antes de que los diputados se fueran de vacaciones de fin de año.
“Las autobuseras le están logrando quebrar el brazo al Gobierno; yo hubiese esperando más contundencia”, dijo Guillén.
La congresista indicó que es responsabilidad del CTP hacer cumplir la ley y garantizar la continuidad del servicio.
Pese a que el resto de congresistas de la Comisión de Asuntos Económicos respalda la propuesta, no se ha podido concretar un acuerdo de fracciones para que el proyecto tenga vía rápida.
