Tras un acuerdo este martes, el tema será discutido y votado nuevamente. Necesita el apoyo de 87 de los 130 legisladores
Lima. El Congreso de Perú debate este martes la posibilidad de adelantar las elecciones generales para atenuar la crisis generada por la destitución del presidente Pedro Castillo, con 21 muertos en protestas que mantienen en alerta a los organismos de derechos humanos.
La semana pasada, el proyecto de adelanto de elecciones no consiguió los votos necesarios. Tras un acuerdo este martes, el tema será discutido y votado nuevamente. Necesita el apoyo de 87 de los 130 legisladores.
¿En qué momento se jodió el Perú?
El plan es adelantar los comicios de 2026 a 2023 y que Dina Boularte, la sucesora de Castillo, entregue el mando en abril de 2024, cuando asumiría el mandatario electo.
Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, piden incluir en la votación la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente.
Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos y pidió a los legisladores que aceleren el debate. "No sean ciegos, miren a la población y actúen", comentó.
"Que hoy se decida el adelanto de elecciones y que la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo", dijo a la prensa la congresista independiente Susel Paredes.
Según las encuestas, 83% de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios.
Este martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades "para recibir información sobre la crisis institucional y protestas".
La CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país.
Boluarte, con solo trece días en el cargo, reformará su gabinete este martes, según anunció, incluyendo el cambio del primer ministro, para privilegiar la designación de funcionarios con mayor experiencia política para buscar salidas a la crisis.
Los ministros de Educación y de Cultura renunciaron la semana pasada en rechazo a las muertes en las violentas protestas.
La cartera de Transportes informó que este martes se reiniciaron las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región de Puno (sur), luego de seis días de cierre por las protestas.
Las visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentran suspendidas desde el 14 de diciembre, para salvaguardar la seguridad de los turistas por las protestas. Otras terminales aéreas que permanecieron cerradas también ya estaban operando.
Algunas manifestaciones seguían activas este martes en el sur del país.
Según un último reporte de la Defensoría del Pueblo, desde su inicio el 7 de diciembre las protestas dejan 21 muertos y más de 600 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Como parte de las protestas, en Ayacucho, ocho manifestantes murieron la semana pasada en un choque con militares, tras un intento de toma de la terminal aérea de esa región. La Defensoría pidió una investigación penal, porque varias muertes ocurrieron por disparos al cuerpo.
Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.
Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que la esposa e hijos del expresidente Castillo se asilaron en la embajada mexicana en Lima.
"Ahora se está negociando el salvoconducto para que, si deseen salir, lo pueden hacer y venir a México, pero están en territorio mexicano, en nuestra embajada", dijo en conferencia de prensa Ebrard.
Lilia Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo.
