Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han fracasado en su pretensión de imponer a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional, al tiempo que han certificado su veto al magistrado elegido por los progresistas. Es la principal conclusión del pleno extraordinario que ha celebrado este martes el órgano de gobierno de los jueces, en la que ninguno de los aspirantes propuestos ha alcanzado los 11 votos necesarios, lo que requiere obtener el apoyo de miembros de ambos bloques, formado ahora por diez conservadores y ocho progresistas. Se confirma así el bloqueo a la renovación del tribunal de garantías, que acumula más de tres meses de retraso. A pesar de que el plazo legal venció el 13 de septiembre, ha sido la primera vez que el pleno se ha reunido para votar a los dos magistrados que corresponde nombrar al CGPJ.
La negociación entre los dos sectores está rota desde hace semanas. Y así lo han evidenciado las votaciones de este martes. El sector de vocales elegidos a propuesta del PP ha respaldado de forma unánime a los dos candidatos que propusieron hace una semana —el conservador César Tolosa y el progresista Pablo Lucas—, que han obtenido 10 votos cada uno. Y los progresistas también han apoyado en bloque a su aspirante oficial, José Manuel Bandrés, que ha cosechado siete votos. Enrique Lucas, vocal elegido a propuesta del PNV y al que se suele colocar en el sector progresista, no ha participado en la votación al ser su hermano Pablo Lucas uno de los nombres en liza. Su abstención no ha rebajado el quórum necesario, que se ha mantenido en 11 votos.
Los conservadores han hecho otro intento para rebajar ese quórum: pedir a la vocal progresista Clara Martínez de Careaga que no participara en la votación por ser la mujer de Cándido Conde Pumpido, por ser uno de los posibles aspirantes a presidir el Constitucional. Pero ella ha rechazado hacerlo y en el CGPJ no está previsto el mecanismo de la recusación, por lo que esa vía ha fracasado.
En un voto particular, el vocal conservador José María Macías sostiene que el pleno se constituyó "indebidamente" por la presencia de Martínez de Careaga. A su juicio, esta vocal no debió "participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional". Y añade que, si se hubiera abstenido, habrían sido "efectivamente designados" los dos candidatos propuestos por el bloque conservador. A ese voto particular se han adherido los también conservadores Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Ángeles Carmona.
Tras semanas cuestionando su candidatura en privado, el veto a Bandrés por parte del bloque conservador quedó patente la semana pasada al proponer a Tolosa (su candidato de preferencia) y a Lucas, que fue el otro nombre barajado por los progresistas para ir al Constitucional, aunque en una votación interna la mayoría se decantó por Bandrés. Su candidatura fue respaldada por todo el grupo de vocales elegidos a propuesta de PSOE e IU salvo por la vocal Mar Cabrejas, que se abstuvo; y por Enrique Lucas, que no participó en la votación. Con este movimiento, los conservadores buscaban romper el bloque progresista, aunque la votación de este martes evidencia que su estrategia ha fracasado.
Este pleno se ha celebrado a instancias de los conservadores, que tras meses boicoteando los nombramientos pidieron una reunión extraordinaria para intentar sortear la reforma legal que preparaba el Gobierno para romper ese bloqueo reduciendo las mayorías para aprobarlos. El nuevo sistema garantizaba que los candidatos de preferencia de cada bloque resultaran elegidos, sin capacidad de que hubiera vetos cruzados.
Contemplaba que fueran designados los dos aspirantes que obtuvieran un mayor número de votos y que cada vocal sólo pudiera votar a un candidato. De esta forma, se habría facilitado la llegada al Constitucional del candidato de preferencia de los conservadores (Tolosa) y el de los progresistas (Bandrés), que es el algo que el grupo mayoritario quería evitar a toda costa, pues lo consideran el aspirante del Gobierno.
Este escenario cambió este lunes por la noche después de que el Constitucional suspendiera la tramitación de esa reforma que, en la práctica, impedía que los vocales elegidos a propuesta del PP pudieran seguir imponiendo su minoría de bloqueo y boicoteando los nombramientos. La decisión del tribunal de garantías deja en aire su propia renovación. La posición mayoritaria del bloque conservador del Constitucional es que el tribunal no debería dar el plácet a los dos magistrados que ha elegido el Gobierno si no llegan acompañados de los otros dos que tiene que elegir el CGPJ.
El retraso en su renovación está propiciando que ese órgano tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. Y este es el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.
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