MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 70 millones de euros, mientras que ha permitido al Gobierno de Murcia otorgar garantías, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, por un importe máximo de 16.250.000 euros.
En el caso de la Junta de Castilla y León, la autorización se efectúa para el incremento del 1,5% del salario a los funcionarios para el año 2022.
Con el objeto de facilitar a las regiones la ejecución de esta medida, esta misma norma dispone que, excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo previsto.
De este modo, la Junta había solicitado la autorización por un importe máximo de 378,34 millones de euros equivalente a la referencia de déficit, que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 28 de julio de 2021, del 0,6% del PIB regional.
En este punto, Moncloa defiende que la Junta no consideraba la posible desviación, como consecuencia, entre otros factores, de las medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público contempladas en el decreto, estimadas en 70 millones de euros ni la compensación del exceso de financiación generado en ejercicios anteriores.
CYL MODIFICÓ SU SOLICITUD
Por ello, la Junta modificó la solicitud de autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 70 millones de euros, cuantía estimada del impacto en el déficit de 2022, por efecto de la aplicación del citado decreto
De esta forma, este acuerdo autoriza a la comunidad de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 70 millones de euros, autorización que solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.
PARA FACILITAR LA VIVIENDA A JÓVENES MURCIANOS
En el caso de Murcia, en abril de 2021 el Consejo de Ministros autorizó a esta comunidad a conceder durante 2021 garantías a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) en el marco de una nueva línea para facilitar la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años (línea ICREF AVAL JOVEN), por un importe máximo de 10.850.000 euros.
Esa línea de avales fue regulada mediante de Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 24 de mayo de 2021, por la que se regula el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad a través de la línea ICREF AVAL JOVEN. Dicha Orden establece que los préstamos que pretendan acogerse a la línea de garantías regulada en la misma deberán formalizarse antes del 31 de diciembre de 2022.
Con fecha 1 de febrero de 2022 se aprobó otro acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autorizaba a esta Comunidad a conceder durante 2022 garantías a través de ICREF por el saldo pendiente de aplicación a 31 de diciembre de 2021 del importe global máximo de 10.850.000 euros establecido para la citada línea a través de la Orden de 24 de mayo de 2021.
El Gobierno murciano ha solicitado el pasado 23 de noviembre que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tramite autorización del Estado para la concesión durante 2023 de avales por parte del ICREF con cargo al remanente no aplicado de la referida línea, al estar prevista su prórroga hasta 31 de diciembre de 2023, así como la ampliación en 5.400.000 euros del límite de la misma mediante la modificación de la Orden de 24 de mayo de 2021, de forma que el importe global máximo de la línea quedaría establecido en 16.250.000 euros.
Las operaciones de crédito que podrán ser garantizadas o afianzadas a través de esta línea son préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda por un precio igual o inferior a 175.000 euros y que cumplan las condiciones establecidas en la Orden de 24 de mayo de 2021.
Moncloa explica que, analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada. Esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías por parte de ICREF descritas anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2023.
