Prohibir una votación en el Congreso de los Diputados son palabras mayores en una democracia parlamentaria. E ídem hacerlo en el Senado, que también es soberanía popular. Lo intentaron en 1981 los militares con la entrada de Tejero, pistola en mano, en el hemiciclo y lo ha intentado el poder judicial este 15-D con el presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, de cabecilla de la revuelta contra una ley aún en tramitación en el Parlamento.
El sector conservador del Tribunal Constitucional estaba dispuesto a ello, en obscena connivencia con la derecha y la ultraderecha política. Y no pasó, pero todo estaba preparado para que pasara. Volverán a intentarlo la próxima semana. ¿Un atropello institucional? ¿Un golpe blando? ¿La peor crisis institucional desde el 23F? Choque entre poderes, en todo caso. El más grave ocurrido en democracia. Nunca antes el TC se había atrevido a paralizar la tramitación de una proposición de ley y tampoco a adoptar medidas cautelarísimas contra la decisión de un Parlamento soberano. Lo había pedido el PP, en clara e impúdica complicidad con el bloque conservador del TC, para que descarrilara la fórmula que el PSOE había encontrado para acabar con el secuestro del máximo garante de la Carta Magna.
Para que todo esto se entienda hay que explicar lo obvio y situar en el tiempo el origen del embrollo. Uno, que el mandato Consejo General del Poder Judicial caducó hace cuatro años y el PP se ha negado, en flagrante incumplimiento de la Constitución que tanto dice defender, a renovarlo. Dos, el Constitucional se tendría que haber renovado en un tercio de sus miembros el pasado septiembre, pero el sector conservador se niega a hacerlo y por tanto a cumplir con una obligación que emana de una ley orgánica.
A partir de ahí, el PP, su batería mediática y su brazo judicial quieren situar el foco en el procedimiento. Aceptemos el reto. De acuerdo, el Gobierno ha introducido dos enmiendas a la reforma del Código Penal para acabar con el secuestro del Constitucional. Una, para rebajar a mayoría simple la actual de tres quintos para que el CGPJ elija magistrados y otra, para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal Constitucional. Dudosa fórmula desde el punto de vista jurídico, pero con docenas de casos idénticos y mayorías parlamentarias diferentes. El PP en su legítimo derecho había presentado un recurso de amparo al considerar vulnerados los derechos de sus parlamentarios porque la Mesa de la Comisión de Justicia no había abordado su petición de sacar de la reforma del Código Penal las dos enmiendas que modifican las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Hasta aquí, todo en orden, pero si hablamos de procedimiento, habrá también que decir que que el presidente del Constitucional obvió que la decisión sobre el recurso del PP debía pasar por la Sala II del TC -con mayoría progresista- y que decidió convocar en menos de 24 horas al pleno para decidir si suspendía una votación del Parlamento. Nunca antes había ocurrido en 44 años de democracia, con una única excepción, la de parar la Declaración Unilateral de Independencia de Puigdemont en el Parlament.
Con el informe oficial del letrado competente en contra de esta tropelía (,el "casual" ponente Enrique Arnaldo pidió a la carrera otro informe a su letrado de confianza) y espoleados por un Trevijano que, además, iba a decidir sobre su propia continuidad al frente del Tribunal, el Parlamento estaba preparado para recibir un golpe inaudito. ¿Qué pasó para que el TC decidiera posponer la decisión hasta el próximo lunes? ¿Fue el recurso que presentó el PSOE para personarse en la tramitación del escrito del PP y pedir un plazo de alegaciones lo que disuadió al Tribunal de perpetrar la controvertida decisión que la derecha daba por descontada? ¿Fue la solicitud de Unidas Podemos para pedir a los magistrados González-Trevijano y a Antonio Narváez que se abstuvieran a la hora de resolver la petición de cautelarísimas por su cercanía al Partido Popular? ¿Fue que el bloque conservador se rompió ante la salvajada que se iba a perpetrar y no sumó la mayoría necesaria para sacar adelante la inédita decisión? ¿O únicamente han retrasado el golpe para perpetrarlo el próximo lunes?
Sea lo que fuere, la argumentación sobre la que el PP sostenía el recurso respecto a la vulneración de los derechos fundamentales de los populares parece que queda ahora sin efecto porque la reforma, aprobada finalmente por mayoría del Congreso, pasa ahora al Senado, donde sí habrá un trámite breve de enmiendas. Después, la ley se podrá o no declarar inconstitucional cuando se publique en el BOE, que es cuando la norma es susceptible de ser impugnada y, en su caso, suspendida. Pero la disyuntiva de este jueves era si impedir o no que el Parlamento votara. Lo ocurrido este jueves en la Carrera de San Jerónimo recuerda inevitablemente a la España de 1981 en la que un salvapatrias con bigote y uniforme militar interrumpió la votación de la investidura de un presidente de Gobierno. En esta ocasión Trevijano y otros cinco magistrados nombrados por la derecha política estaban dispuestos a acabar con la autonomía del Parlamento. Y todo para mantener una mayoría artificial en un mermado Tribunal Constitucional -con cuatro de sus doce miembros con el mandato caducado- que el PP perdió en las urnas hace más de tres años y que ley establece que hay que cambiar.
Que cada cual le ponga el nombre que considere. Pero la línea que la derecha política y mediática estaban dispuestas a cruzar nos acerca a una España de funesto recuerdo.
