La reforma para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional pasó este jueves el filtro del Congreso de los Diputados en un Pleno cargado de tensión, pero su futuro inmediato sigue sin estar claro. La reunión del tribunal de garantías ha dejado para el lunes la votación sobre las medidas cautelarísimas con las que PP y Vox piden suspender la tramitación de la norma. El sector progresista, actualmente en minoría de cinco contra seis, ha pedido más tiempo, pero está convencido de poder defender que no se debe aplicar la paralización urgente que pide la derecha (a los cambios normativos les quedan todavía trámites importantes, incluida una votación en el Senado el próximo jueves). Al menos una parte del sector conservador, y mayoritario, defiende anular el procedimiento. Pero solo hay un voto de diferencia entre ambos bloques del tribunal de garantías para decidir el futuro de un reforma que afecta directamente al propio Constitucional, cuyo mandato lleva meses caducado.
El Tribunal y el Congreso vivieron una situación inédita este jueves. Sobre la mesa de los magistrados estaba la petición de las derechas de suspender de urgencia no una ley, sino su proceso de tramitación en la Cámara Baja, donde diputados de la izquierda acusaron durante toda la jornada a los jueces y a la derecha de urdir un golpe. Lo que todavía se tiene que dirimir es una medida cautelarísima en la que no se examina con detalle el fondo del asunto, sino las consecuencias inmediatas de no hacer nada: si la situación puede ser irreversible en caso de que se paralice o no la tramitación, como piden los recursos de PP y Vox. Y todo ello, además, sin dar audiencia a las partes implicadas.
El pleno del Tribunal estaba convocado para las diez de la mañana, aunque ya se habían celebrado reuniones informales el día anterior. A primera hora del viernes, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, informó al presidente del organismo de que el sector progresista necesitaba más tiempo para examinar a fondo el asunto. Las conversaciones con otros miembros del sector progresista terminaron con el presidente instando a que dejaran esta petición por escrito. Un escrito que finalmente presentaron tras varias versiones y que sirvió para suspender el pleno, sin llegar a examinar la recusación que Unidas Podemos había presentado contra dos magistrados conservadores, que están afectados por la renovación que impulsa el texto legislativo.
Dentro del pleno se evidenció la diversidad de criterios de ambos bloques. El ponente, el conservador Enrique Arnaldo, llegó a la reunión con un informe en el que defendía la aplicación de la medida cautelarísima de impedir la votación en el Congreso. Dentro de la sala, otro informe apostaba por todo lo contrario. El debate sobre la medida empezó con tres horas de retraso sobre el calendario original.
Allí se exhibió una división que amenaza con repetirse el lunes. Solo un solo voto separa a ambos bloques (a favor del conservador) y la duda sobre si ambos votarán cohesionados permanece. Mientras en el Congreso tenía lugar una tensísima sesión ante la posibilidad de que un tribunal con el mandato caducado por el boicot del PP pudiera suspender la votación de un trámite legislativo, los cinco progresistas decidieron solicitar el aplazamiento argumentando que deben examinar mejor toda la documentación para resolver un recurso del PP que había llegado el jueves por la mañana. El presidente optó por aceptar y llevar la reunión al lunes. Con el reglamento en la mano no había otra opción y la duda es si, en caso de haberse producido la votación, los seis conservadores hubieran votado todos favor de la propuesta de Arnaldo. Una situación sin precedentes en el Congreso de los Diputados.
Ahora esta incertidumbre se traslada a la semana que viene. Voces del sector progresista se muestran seguras de poder defender con éxito su postura de no paralizar la tramitación de la norma e interpretan que algunos de sus compañeros conservadores también han preferido analizar el caso más a fondo ante el terremoto institucional que habría podido generar una hipotética suspensión con el choque entre dos poderes del Estado. Todas las fuentes consultadas niegan que uno de los dos bloques haya maniobrado para dinamitar la reunión.
El Tribunal Constitucional ha dicho en diversas ocasiones que una enmienda puede reformar una norma pero también que debe ir aparejada a una ley que tenga algún tipo de conexión. Lo dijo, por ejemplo, cuando dio la razón al PSOE y sancionó al Gobierno de José María Aznar por introducir un delito en el Código Penal para castigar referéndums ilegales pero a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje.
Esa sentencia llegó en 2011, ocho años después de la entrada en vigor de la norma cuestionada por los socialistas. El criterio del Constitucional parece claro en esa sentencia: "Los recurrentes vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto" con ese tipo de tramitación a través de enmiendas inconexas.
Pero el debate que debe resolver el Constitucional es previo y todavía no entra al fondo del asunto, la deliberación sobre las cautelarísimas que reclaman PP y Vox debe analizar las consecuencias más inmediatas. Un debate que habitualmente no se alarga más allá de unas pocas horas pero que, en este caso, va a necesitar de varios días sin un resultado claro a la vista para una reforma clave en el desbloqueo de las instituciones relacionadas con la Justicia.
La semana que viene será testigo de tres plenos en tres organismos distintos, esenciales para el poder judicial y los tribunales. El primero será el lunes, cuando el Constitucional vuelva a reunirse para aplicar o no medidas urgentes a la tramitación de la reforma sobre su propia renovación bloqueada. El segundo será el martes cuando el Consejo General del Poder Judicial reúna, sin perspectiva de acuerdo, a conservadores y progresistas para intentar nombrar a sus dos magistrados, una vez que el Gobierno ya ha hecho público quiénes serán sus candidatos. El tercero está pensado para el jueves, en el Senado, para que la Cámara Alta pueda dar el visto bueno a la norma que desbloquee los nombramientos en el Constitucional.
El resultado del primer pleno, el del tribunal de garantías, condicionará la misma convocatoria del pleno del Senado. A día de hoy, no se espera mucho del pleno del CGPJ. El presidente interino accedió a convocarlo a petición del grupo de vocales conservadores que desde hace meses incumple la ley y rechaza negociar y votar el nombramiento de dos magistrados del Constitucional. Un grupo que ha pasado de negarse a proponer candidatos a hacerlo a toda velocidad para eludir la reforma que está en tramitación y que les haría perder su capacidad de veto.
Una capacidad de veto que han exhibido en su petición para sentarse a votar. Los vocales conservadores han elegido a César Tolosa, presidente de sala del Supremo, pero también al progresista Pablo Lucas. Esta propuesta es toda una declaración de intenciones: los vocales elegidos a propuesta del PP no votarán al candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés. Y los progresistas, salvo cambio de última hora, no van a ceder y apoyar a otro candidato que no sea el elegido hace más de un mes mediante una votación interna. La costumbre en el Consejo General del Poder Judicial es que cada uno de los sectores proponga a un candidato y que ambos sean apoyados por los dos bloques.
Lo que suceda en este pleno puede variar en función de lo que ocurra un día antes en el Tribunal Constitucional. Si no se aplican medidas cautelarísimas y la reforma legal sigue adelante, los conservadores seguirán exhibiendo su inédita prisa para hacer los nombramientos antes de que los cambios en las normas entren en vigor. Sin embargo, si el Constitucional estima la petición de PP y Vox, la reforma quedará paralizada y esa urgencia disminuirá mientras el tribunal de garantías sigue funcionando con un tercio de sus miembros con el mandato caducado desde junio por el bloqueo de cuatro años que los populares mantienen en el órgano de gobierno de los jueces.
Lo que suceda en el pleno del lunes del Constitucional también tendrá incidencia directa en el del jueves en el Senado. Si el Constitucional suspende la tramitación de la norma de forma cautelarísima, las enmiendas analizadas tendrían que desaparecer del orden del del día. A no ser que el presidente y la Mesa decidan desatender la resolución del Constitucional. Si el tribunal finalmente rechaza las medidas que proponen PP y Vox, la reforma pondrá rumbo al Boletín Oficial del Estado y los vocales del CGPJ tendrán en sus manos la capacidad de romper el bloqueo en la renovación del tribunal de garantías.
