Gobierno y legisladores discuten cuáles gastos incluir en el último presupuesto extraordinario del 2022.
Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda buscan limpiar el quinto presupuesto extraordinario del 2022 de las partidas que ya no serían ejecutables en lo que resta del año por falta de tiempo.
Se aprobarían ¢85.300 millones para el pago de la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la CCSS. Este pendiente se deriva de omisiones salariales en el pago del incentivo salarial zona de menor desarrollo, conocido como el IDS.
El MEP otorgó un pago adicional por laborar en zonas de menor desarrollo con el objetivo de atraer a docentes titulados a centros educativos ubicados en comunidades deprimidas, sin considerar el incentivo como parte del salario y, por consiguiente, no lo contempló en el pago de cargas sociales. En consecuencia, la CCSS puso obstáculos a miles de educadores cuando requerían atención médica.
Los legisladores también avalarian ¢225.000 millones de créditos externos aprobados desde el anterior Congreso, de los cuales ¢176.000 millones son para cambiar fuente de financiamiento y reducir el pago de intereses de la deuda.
Dejarían solo las partidas que pueden ser ejecutables por el Gobierno como la incorporación de créditos externos, canjes de deuda, pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social y recursos para el Poder Judicial, según explicó la presidenta de la comisión, la liberacionista Paulina Ramírez.
Los ajustes se discuten en una mesa de trabajo abierta este martes por el foro de Hacendarios, luego de que los diputados y la Contraloría General de la República (CGR) advirtieran de que por falta de tiempo, aunque se aprobara con un procedimiento rápido, algunos recursos dirigidos a los ministerios no podrían ejecutarse.
Entre las partidas que podrían quedar excluidas figuran ¢310 millones al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que, a la vez, los destine a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y al Instituto Metereológico Nacional (IMN); así como ¢98 millones al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por mencionar algunos.
En cambio, se dejaría intacto el ahorro de ¢14.900 millones por la eliminación de contenido presupuestario de 2.822 plazas vacantes en los ministerios, recursos para los comedores escolares y ¢2.886 millones al Poder Judicial para una nueva sede de los Tribunales de Quepos y para cubrir el faltante de combustible en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
También, se aprobaría el ahorro de ¢14.900 millones por la eliminación de contenido presupuestario de 2.822 plazas vacantes en los ministerios, recursos para los comedores escolares y ¢2.886 millones al Poder Judicial para una nueva sede de Tribunales de Quepos y para cubrir el faltante de combustible en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La idea es definir los ajustes este miércoles, incorporarlos a un texto sustitutivo y dictaminar el presupuesto extraordinario en la misma sesión, explicó Ramírez.
Si las partidas incorporadas no generan discusiones y tampoco se presentan mociones de ajuste en sus dos etapas, el plan podría ser aprobado en el plenario en primer debate el 19 de diciembre y en segundo debate a más tarar el 22 de diciembre.
Esto le dejaría margen a Hacienda para hacer las transferencias.
