El equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante ha dado cuenta del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el que se decreta la suspensión de la ejecución del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por la Generalitat Valenciana . El diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez , ha valorado al respecto que la decisión del TSJ «es una clara victoria para los pueblos más pequeños». Gutiérrez ha puesto de relieve «la importancia de este triunfo , que evita que los municipios alicantinos pierdan más de 26 millones de euros en inversiones , como hubiera pasado si en lugar de recibir el próximo año 40 millones con el modelo de reparto de la Diputación establecido con el Plan Más Cerca, solo dispusieran de los 13,5 millones de euros previstos por el Fondo de la Generalitat». Gutiérrez ha señalado que el auto «no deja lugar a dudas, se confirma la invasión de la autonomía provincial y el ataque a la suficiencia financiera de la Diputación que este equipo de Gobierno ha venido señalando en relación a la Ley del Fondo de Cooperación». En referencia a las conversaciones mantenidas en los últimos años, Gutiérrez ha destacado que «la probable vulneración de la legalidad por parte de esta norma ha sido trasladada en múltiples ocasiones al responsable que el Consell puso al frente de las comisiones creadas, un paripé del señor Puig para hacer creer que era un hombre de talante negociador ». «Voluntad antialicantina» El diputado de Infraestructuras ha indicado que las negociaciones fueron mantenidas con el director general de la Administración Local, Toni Such , a quien ha calificado de « verdugo de los pueblos pequeños de Alicante y frío ejecutor de la voluntad antialicantina del gobierno tripartito». Según ha explicado Gutiérrez, «no se tomó siquiera la molestia de leer las enmiendas de los partidos que no forman parte de su coalición de izquierdas durante la tramitación de la ley, pasando su rodillo por encima de todas ellas». Ha acusado, además, al responsable autonómico «de desconocer las competencias y necesidades fundamentales de los municipios y el mandato que la Diputación tiene encomendado». Gutiérrez también ha afeado la actitud de los grupos del PSPV y Compromís en la Diputación, favorables al Fondo de Cooperación, a los que ha recriminado «su papel de delegados del Consell en nuestra provincia, a pesar de ser conocedores de todo el proceso y de las razones que, una y otra vez, fueron expuestas y que justificaban la resistencia de esta institución a someterse ciegamente a una ley mal redactada y hecha con la sola finalidad de secuestrar el presupuesto provincial». El responsable de Infraestructuras ha remarcado las contradicciones de ambos grupos «que votaron a favor de los planes provinciales de la Diputación, la mejor fórmula de financiación de inversiones y gasto corriente para los municipios alicantinos, en particular para los más pequeños, y a la vez se plegaron a sus jefes del Consell y permitieron que la Ley del Fondo saliera adelante, fueran cuales fueran las consecuencias». Gutiérrez ha asegurado que «todos sus argumentos se han vuelto en su contra; vayan a explicar ahora a sus municipios que estaban equivocados ». El equipo de Gobierno de la Diputación ha mantenido una postura firme en relación con la posible vulneración de los derechos constitucionales a través de la aplicación de la Ley del Fondo de Cooperación. Desde la institución provincial se solicitó la medida cautelar de suspensión de los apartados quinto y sexto de la citada norma que mencionan, por un lado, la obligación de aportar 13.457.645 euros por parte de la Diputación de Alicante en 2023 para financiar el Fondo de Cooperación de la Generalitat y, por otro lado, directrices de coordinación que articulaban mecanismos de supervisión de los presupuestos provinciales de manera previa a su aprobación. El Auto 298/2022 de 1 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha establecido suspender la ejecución del Acuerdo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal.
