La discusión de la reforma electoral inició formalmente la semana pasada en la Cámara de Diputados. Pese al pronóstico inicial, se espera que la presentación del dictamen coincida con el inicio del mundial de Qatar.
Hasta ahora, la polémica iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador, no ha podido ser objeto de consenso entre los grupos parlamentarios y ha despertado varias dudas relacionadas con su costo y eficacia.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ya advirtió que una de las propuestas, la de elegir a consejeros y magistrados electorales cada seis años mediante el voto directo de la ciudadanía, es contradictoria con la premisa de la austeridad promovida por la actual administración, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional.
Si se toma como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos, que supondría una carga adicional para el sistema electoral mexicano, indica el estudio del IBD.
Al ser un proceso electoral a nivel federal implica recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de fiscalización, entre otras muchas actividades.
A esto se suman las obligaciones específicas estipuladas por la ley como el número de casillas a instalar, la cantidad de boletas a imprimir, la capacitación de funcionarios, sólo por nombrar algunas.
Además del costo económico, la reforma electoral también podría implicar un costo en términos de democracia.
El estudio también subraya que la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades
“Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”, advierte.
