El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó sobreseimiento definitivo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, imputado por su eventual responsabilidad en la muerte de Francisco Martínez, un malabarista callejero de Panguipulli, comuna en la Región de Los Ríos. La entidad judicial descartó que haya sido un crimen de lesa humanidad.
El 5 de febrero de 2021 un enfrentamiento entre el sargento segundo de Carabineros Juan González y Francisco Martínez terminó en el fallecimiento del malabarista de 28 años. Según la versión del funcionario público, Martínez se habría resistido a un control de identidad mientras portaba dos armas blancas, tipo machetes, que utilizaba para hacer malabares.
El carabinero disparó hasta tres veces al cuerpo de la víctima cuando éste, presuntamente, le pegó en la cabeza con uno de los machetes. El malabarista callejero falleció la tarde de ese viernes en pleno centro de Panguipulli, al recibir dos impactos de bala en las piernas y un tercero, el causante de su muerte, en el tórax.
En marzo de 2021 la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitó su sobreseimiento en la causa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad asociados al caso del malabarista, “ya que los hechos en que se fundan estas querellas interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no serían constitutivos de un eventual crimen de lesa humanidad”, según señaló Jorge Martínez, quien representa a Yáñez y a otros carabineros.
Además, el profesional argumentó que “en ninguna de ellas se describen hechos que contengan los elementos comunes a esta clase de crímenes internacionales, tanto respecto de las disposiciones de la Ley 20.357 como por las normas establecidas en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”.
Cabe destacar que la Corte Suprema también había confirmado el sobreseimiento de la investigación contra el carabinero, Juan González, autor de los disparos.
Por otro lado, Yáñez sigue siendo investigado por otros crímenes de lesa humanidad por responsabilidad de mando en causas de violación a los derechos humanos en el contexto del denominado estallido social. La indagatorias son dirigidas por la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
El funcionario había sido citado a finales de agosto para declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía, por su responsabilidad en las medidas de control de orden público que aplicó Yáñez en conjunto con el ex director general de Carabineros, Mario Rozas. Presuntamente las acciones provocaron delitos de omisión en apremios ilegítimos durante levantamiento cívico del 2019. Sin embargo, aquella cita no se concretó, así como tampoco se llevó a cabo su citación en la jornada del 20 de septiembre.
En ese entonces mientras la institución era dirigida por Rozas, Yáñez ejercía el rol de director de Orden y Seguridad. Según la versión que le entregó al Ministerio Público y a la Contraloría en el marco de las investigaciones sus funciones tenían relación con “planificar, dirigir y controlar la actividad policial a nivel nacional”.
Aquel cargo fue especialmente relevante durante las manifestaciones que se prolongaron hasta principios del 2020, puesto que los encuentros entre protestantes y las fuerzas policiales terminaron, en muchas casos, con graves heridos y personas con lesiones oculares provocadas por el impacto de bombas lacrimógenas o perdigones disparados por los uniformados.
