Una mayoría de los afiliados de Junts per Catalunya decidió ayer sacar a su partido de la coalición de gobierno que preside el republicano Pere Aragonès. El proceso de deterioro interno del separatismo catalán llega así a un punto crítico, que obligará a Aragonès a replantearse lo que queda de legislatura, sea mucho o poco. Si hay que fiarse de la palabra del presidente de la Generalitat, Aragonès seguirá al frente del Govern sin convocar elecciones anticipadas. O al menos lo intentará por muy debilitado que quede. Sea como fuera, la legislatura catalana es inviable a medio plazo, aunque por el resultado de la votación –55 por ciento a favor de la salida de la Generalitat y 42 en contra– no hay que descartar que una parte de los parlamentarios de Junts mantenga el apoyo a Aragonès. Si esto sucediera, Junts se encaminaría a una escisión entre los rupturistas de Carles Puigdemont y Laura Borrás y los continuistas de Jordi Turull. Sería erróneo interpretar lo sucedido como una disputa entre quienes son más o menos separatistas. El problema central, como en otros nacionalismos, es el control del liderazgo en el movimiento secesionista catalán, a lo que van unidas diferencias de táctica, que no de estrategia independentista, y competiciones de egos. ERC se aferra al poder porque es un partido que ha salido muy escaldado de las consecuencias del proceso de declaración unilateral de 2017, pese a que hayan mediado indultos y pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Las medidas del 155 y la aplicación del Código Penal están muy presentes en la valoración que hace ERC sobre estos últimos cuatro años y explica esa inconsistente invocación de Aragonès a una 'ley de la claridad', según el modelo canadiense. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la debilidad parlamentaria y política del Gobierno catalán es una oportunidad para atar en corto a ERC en el Congreso de los Diputados de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2023. Por eso es probable que en Cataluña empiece a funcionar de facto una coalición de izquierdas entre ERC y PSC, con el apoyo de los Comunes y quizás de la CUP. Es una opción no exenta de riesgos para Sánchez y Aragonès, pero uno y otro practican la política a corto plazo, como una cuenta atrás hasta llegar a los dos hitos electorales del próximo año: las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, en las que Junts quiere recuperar poder local con mensajes muy militantes, y las generales de noviembre. Cataluña vuelve a ser un foco de inestabilidad, y de nuevo es incoherente consigo misma. El nacionalismo mantiene su objetivo de separarse de España, pero lo que está consiguiendo es romper Cataluña internamente. Esta crisis política entre Junts y ERC es no solo una división política, sino también una división social con sesgo ideológico entre la derecha y la izquierda nacionalista. Pese a que este sería el momento de una política de Estado que disuadiera al nacionalismo de nuevos intentos separatismo, no se puede descartar que el PSC salga a su rescate y reedite lo peor del antiguo 'pacto del Tinell'. De momento, el 'sub-procés' que habían acordado construir ERC y Junts ha saltado por los aires.
