En la búsqueda de un cierto orden de las variables económicas para alcanzar las metas establecidas en el acuerdo con el FMI, se han tomado determinadas medidas que, al no formar parte de un plan integral y consistente, están generado efectos colaterales que continuarán acumulando tensiones a futuro.
El problema del aumento generalizado de los precios hace mucho tiempo forma parte de la primera preocupación de los argentinos. Desde el mes de julio el índice de precios parecería haber encontrado un nuevo piso, llevando probablemente la inflación interanual a una cifra cercana a los tres dígitos, situación que no se evidenciaba desde los inicios de los años noventa.
Como lo hemos mencionado ya muchas veces en esta editorial, si bien el fenómeno inflacionario es de carácter inherentemente monetario, en el corto plazo existen otros factores que pueden contribuir a su aceleración o desaceleración, los cuales podrían comenzar a tener una mayor relevancia.
En julio la actividad se estancó y, previsiblemente en base a alguna de las medidas que se han adoptado, todo hace suponer que esa situación podría acentuarse en los meses venideros. Las correcciones de precios relativos (i.e. aumento de tarifas) también están comenzando a impactar en el ingreso disponible. Por eso, no es de extrañar que el conflicto social se encuentre en aumento.
La magnitud de la problemática en el sector de los neumáticos se ha visibilizado por su dimensión e impacto en la producción automotriz, pero son varios los sectores que han venido enfrentando reclamos por ajustes salariales. La reapertura de las paritarias comienza a generar un foco de presión adicional sobre los precios, presión que se adiciona a un creciente grado de indexación de la economía. Como se puede apreciar, es de esperar que los componentes inflacionarios por puja distributiva y por expectativas comiencen a tener una mayor relevancia que la actual.
En paralelo, las organizaciones sociales llevan adelante movilizaciones de manera permanente en reclamo por el aumento en la cantidad y valor de los planes sociales, que no alcanzan para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los mismos frente a la inflación creciente. La cifra de pobreza del primer semestre del año publicada por el INDEC se ubicó en 36,5%, antes de la aceleración de los precios que comenzó en el mes de julio. Si consideramos el deterioro esperado en el segundo semestre, es muy posible ese porcentaje se incremente y con ello el malestar social. Esto podría poner un potencial límite a la capacidad del sector público de continuar corrigiendo el déficit.
Finalmente, la mejora extraordinaria y temporal en el tipo de cambio ofrecido a los productores de soja para incentivar su liquidación y recomponer reservas no ha sido inocua y pone mayor presión sobre los precios. Por un lado, como se da cuenta en el Tracking, el problema de la brecha cambiaria no solo no ha disminuido, sino que se ha visto reforzado.
El diferencial de cotización entre el precio de compra y venta por parte del BCRA implicó emisión neta, que en parte se volcó al mercado financiero para dolarizar esas tenencias excedentes de pesos. Para intentar contener esa presión incremental, primero se aumentó la tasa de interés -esterilizando la emisión por medio de leliqs, lo cual contribuye al déficit cuasi fiscal, que no es otra cosa que emisión futura y empuje a los precios en los meses venideros-, y luego se acudió a reforzar las medidas restrictivas para operar en los mercados financieros -generando más incertidumbre y dificultades a la hora de reconstruir una oferta genuina de dólares-.
Como se puede observar, lo que se ha venido viendo es la consecución de algunas medidas descoordinadas que buscan contener el rally monetario/financiero. Pero la falta de un plan integral y consistente que revierta y alinee las expectativas de los agentes económicos solo ha logrado materializar el costo social de medidas aisladas, sin capitalizar los beneficios de generar expectativas de un panorama futuro mejor.
