Las fuerzas del orden de Sri Lanka retomaron el viernes el último edificio público ocupado por manifestantes antigubernamentales en Colombo, en una violenta operación que provocó inquietud en la comunidad internacional.
Cientos de policías y soldados de Sri Lanka destruyeron el principal campamento de manifestantes en la capital, donde desalojaron a los activistas varias horas después de que el nuevo presidente, Ranil Wickremesinghe, de 73 años, prestara juramento.
Equipados con material disturbios, la policía y los militares retiraron las barricadas que bloqueaban la entrada principal del palacio presidencial, invadida en parte por los manifestantes a principios de julio.
Activistas de la campaña contra el anterior presidente, Gotabaya Rajapaksa, ocupaban esta zona desde el pasado 9 de julio, cuando invadieron el palacio presidencial y lo obligaron a huir del país y a dimitir.
"Nueve personas fueron detenidas", de las cuales "dos resultaron heridas" durante la operación de desalojo, afirmó la policía en un comunicado.
Según testigos, los soldados detuvieron a varias personas y destruyeron las tiendas de campaña instaladas a lo largo de la avenida que conduce al palacio, mientras que la policía bloqueaba las calles adyacentes para impedir la llegada de nuevos manifestantes.
Los soldados también fueron vistos cuando atacaban con porras a civiles, incluidos periodistas, mientras avanzaban hacia los grupos de manifestantes congregados en el sitio.
La embajadora estadounidense en Colombo, Julie Chung, expresó su "profunda preocupación" por esta operación militar e instó a las autoridades a actuar "con moderación" y a dar "atención médica inmediata a los heridos", tuiteó.
El representante diplomático canadiense David McKinnon dijo que "es crucial que las autoridades actúen con moderación y eviten la violencia".
Amnistía Internacional instó a las autoridades de Sri Lanka a respetar la disidencia y condenó el uso de la fuerza contra periodistas, entre ellos un fotógrafo de la BBC, que cubría la operación militar.
Poco después, Wickremesinghe se reunió con varios diplomáticos extranjeros en Colombo.
Chung mostró en Twitter tras el encuentro su gran "preocupación por la inútil e inquietante escalada de violencia contra los manifestantes".
"No es el momento de castigar a los ciudadanos", añadió.
El nuevo presidente había avisado a los manifestantes que la ocupación de edificios estatales era ilegal y que serían desalojados.
Wickremesinghe declaró el estado de emergencia, dando amplios poderes a las fuerzas armadas y a la policía para detener por largo tiempo a sospechosos sin necesidad de presentar cargos en su contra.
El líder de la influyente Asociación de Abogados de Sri Lanka, Saliya Peiris, condenó la acción militar y advirtió que dañaría la imagen internacional del nuevo gobierno.
"El uso innecesario de la fuerza bruta no ayudará a este país y su imagen internacional", advirtió Peiris en un comunicado. Indicó que varias personas, incluido un abogado, fueron detenidas por las fuerzas del orden.
El viernes por la mañana, cientos de manifestantes en un sitio cerca del complejo presidencial exigieron la dimisión de Wickremesinghe, la disolución del parlamento y la convocatoria a elecciones.
"No ataquen a los manifestantes pacíficos, escúchenos más bien", exclamó Dimmithu, un estudiante de 26 años.
Los manifestantes afirmaron que continuaran la protesta, tras cuatro meses de manifestaciones contra el poder del clan Rajapaksa, que esta semana apoyó la elección de Wickremesinghe.
En bancarrota, Sri Lanka negocia un plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre graves carencias de alimento, combustible y medicamentos para sus 22 millones de habitantes.
La grave crisis provocó el levantamiento contra Rajapaksa, cuya familia ha comandado la vida política de Sri Lanka las últimas décadas.
El día en que Rajapaksa fue obligado a huir, los manifestantes incendiaron la residencia privada de Wickremesinghe en la capital.
El nuevo presidente, seis veces primer ministro, tomó sus funciones el jueves con la voluntad de formar un gobierno de unidad para sacar al país de la histórica crisis económica en la que está sumergida desde hace meses.
El jefe de Estado, elegido por el Parlamento para completar del mandato de Rajapaksa, que finaliza en noviembre de 2024, nombró, como era de esperar, primer ministro a su amigo de la infancia, Dinesh Gunawardena.
Una crisis cambiaria provocada por la pandemia del coronavirus y exacerbada por el mal manejo del gobierno dejó a Sri Lanka a expensas de prolongados apagones y tasas históricas de inflación.
Pero los manifestantes acusan a Wickremesinghe de ser un representante de la poderosa familia del presidente saliente, algo que él ha negado.
"Yo no soy amigo de los Rajapaksas", declaró a periodistas en el templo de Gangaramaya. "Soy un amigo del pueblo".
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