Ni aprobar la propuesta constitucional ni quedarse con la actual Carta Magna, heredada de la dictadura y reformada parcialmente en democracia: la opción de convocar un nuevo proceso constituyente, la llamada “tercera vía”, toma fuerza en Chile.
El asunto llevaba tiempo sobrevolando el debate, pero se instaló definitivamente la semana pasada, cuando el presidente Gabriel Boric dijo que, en caso de que se rechace el nuevo texto, impulsará la redacción de una nueva Constitución.
“De ganar el ‘Rechazo’ (a la nueva Constitución), vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más (…) Va a tener que discutirse todo de nuevo”, señaló en Chilevisión.
Pese a que casi el 80 % de los chilenos decidió en un plebiscito en octubre de 2020 cambiar la nueva Constitución, las encuestas llevan semanas mostrando que la opción del “Rechazo” parece mayoritaria.
La convención encargada de redactar el texto, integrada por 154 ciudadanos en su mayoría independientes progresistas, arrancó entre altas expectativas, pero fue perdiendo adherentes por roces internos, escándalos que salpicaron a un grupo ligado al estallido de 2019 y varias propuestas extremas que generaron mucha polémica pese a que no se llegaron a aprobar.
Si el “Rechazo” termina imponiéndose en el plebiscito del 4 de septiembre, el único escenario claro es que sigue vigente la actual Carta Magna, promulgada en 1980 por Augusto Pinochet y criticada por una parte de la sociedad por favorecer la privatización de servicios básicos.
Sin embargo, hay consenso en que la experiencia constituyente no puede terminar ahí y que los anhelos sociales que gatillaron las protestas de hace tres años siguen sin cumplirse.
“Es necesaria una tercera vía porque si bien la nueva Constitución no ha logrado concitar una amplia adhesión, la demanda por cambios importantes sigue presente”, dijo a Efe Rodrigo Pérez, del Instituto de Estudios de la Sociedad.
El quid de la cuestión es el mecanismo. Hay quienes creen que lo más rápido es que el Congreso reforme la actual Carta Magna. Otros, como Boric, apuestan por elegir una nueva convención constituyente sobre las bases del proceso actual.
También se ha planteado la posibilidad de convocar otro plebiscito para decidir el tipo de órgano constituyente o incluso escoger a un “comité de expertos”.
“La reforma que habilitó este proceso tiene vigencia hasta septiembre. Creo que habría que llegar a un nuevo pacto como el del 15 de noviembre, algo imposible en el actual contexto político”, afirmó a Efe Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.
Heiss fue una de las expertas que participó en aquel pacto parlamentario de noviembre de 2019 para poner en marcha el proceso constituyente como vía para calmar las masivas protestas.
Entonces, Chile estaba sumido en su peor crisis desde el fin de la dictadura. La situación hoy, según Heiss, es otra: “Si gana el “Rechazo”, la derecha va a salir fortalecida y va a tratar de reducir al mínimo los cambios y mantener el ‘statu quo’ de la ley del 80″.
Para Claudio Elórtegui-Gómez, de la Universidad Católica de Valparaíso, “la vía más coherente es una nueva convención que trabaje desde la propuesta ya presentada, tomando en consideración los planteamientos más moderados”.
La derecha y parte de la centro izquierda votará en contra al encontrar el nuevo texto “radical”, mientras que la izquierda se inclina por darle luz verde, aunque muchos creen que no es perfecto y que necesita cambios.
Es el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, quien el miércoles citó a Pablo Milanés: “No es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé”, indicó la actual Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos en una conferencia en Perú.
De los otros expresidentes, solo Eduardo Frei ha dicho que votará en contra. Ricardo Lagos se ha mostrado ambiguo, pero en una carta reconoció que ni la actual Carta Magna ni la nueva propuesta “generan consenso”, mientras que Sebastián Piñera guarda silencio, aunque se presupone que la rechazará.
“El nuevo proceso no lo define ni el presidente ni el resultado de 2020. Lo define la ciudadanía en una nueva votación y los legisladores debieran ser lo suficientemente hábiles como para proponerlo ya”, aseguró Mauricio Morales, de la Universidad de Talca.
Para Morales, el nuevo proceso no debería durar más de medio año porque “no se parte de una hoja en blanco” y se deben incorporar tanto aspectos del nuevo texto como de la actual Constitución.
La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho, plurinacional, regional y ecológico, y consagra derechos como salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.
El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más controversia.
José Couso, de la Universidad de Utrecht, cree sin embargo que el “Rechazo” generará más incertidumbre porque “nadie” les “garantiza que las negociaciones para iniciar un nuevo proceso no se empantanen y que la rabia social vuelva a explotar después”.
“Aprobar una Constitución sobre la que muchos tienen objeciones puntuales pero que se puede reformar es un camino por lo menos mas predecible”, añadió a Efe.
EFE
