El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, bajó el tono al anuncio que hizo semanas atrás cuando dio casi por un hecho que terminaría el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) y buscaría otro mecanismo para ampliar la carretera San José-San Ramón.
Lo hizo durante su comparecencia, este jueves, ante la comisión legislativa de la provincia de Alajuela, a la que fue llamado a explicar cuáles son los planes para continuar con ese proyecto que actualmente estaba en manos del Fideicomiso Ruta Uno, del BCR.
“No se quiere retrasar la obra, lo que se quiere es jalarle las riendas (al Fideicomiso) y que se ajusten las cosas, pero si ellos no quieren hacer eso entonces el plan B es que ellos terminen la fase preoperativa, sacar todas las expropiaciones, seguir con todo tal y cual, y no sé si la figura de concesión será la adecuada, pero en paralelo buscar otra figura para hacer las cosas. Yo no quiero afectar la obra, pero el finiquito fue el jalonazo de riendas para que ellos reaccionen y estén dispuestos a negociar”, aseveró el jerarca.
Antes de responder las consultas de los legisladores, Amador expuso una vez más los altos costos que, a su criterio, implican mantener la unidad administradora del proyecto, es decir, Fideicomiso Ruta Uno.
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Además, sostuvo que la “mayor resistencia” para renegociar el proyecto ha venido de esa unidad, pues, según dijo, el gerente del Banco de Costa Rica sí ha manifestado su anuencia a negociar las condiciones.
Precisamente, la directora de la unidad ejecutora de Fideicomiso, Hadda Muñoz, compareció ante los diputados antes de Amador.
Ella declaró que más bien es la unidad ejecutora que tiene el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para este mismo proyecto la responsable de la lentitud con que avanzan las llamadas obras impostergables u OBIS, que son previas a la ampliación del tramo principal.
Según Muñoz, esa unidad no ha aprobado estudios necesarios para completar las mejoras de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo, con lo cual se dejan de percibir unos ¢76 millones al mes.
De acuerdo con la directora del Fideicomiso, a pesar de que se hicieron los diseños cumpliendo lo indicado en los estudios de factibilidad y que estos fueron aprobados por el Consejo de Administración del Conavi, la unidad ejecutora mantiene diferencias de criterio sobre el ancho de carriles y espaldones.
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Muñoz criticó que, pese a la orden del ministro de avalar esos diseños, la unidad ejecutora pidió una prórroga para dar el visto bueno en agosto y así realizar consultas al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Además, aunque desde el año pasado se cuenta con un financiamiento de $50 millones para las obras en los intercambios de el Coyol, Grecia, Naranjo, San Ramón y el puente Juan Pablo II, la unidad ejecutora dentro del Conavi no ha definido el mecanismo para la ejecución de esos recursos.
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