Hace no muchos años, el llorado Manuel López, presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE) y rector de Zaragoza, detalló que cualquier reforma de la universidad española debía ser reflexiva, en línea con las tendencias europeas y fruto de un amplio consenso. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada semanas atrás por el ministro Subirats, carece, en gran medida, de cualquiera de estas características para construir un modelo que resuelva los problemas reales de la universidad. Sólo beneficia las pretensiones políticas de aquellos que le han aupado al sillón y que se están aprovechando de la universidad para conseguir objetivos que nada tienen que ver con la institución. Realizar una reforma en contra de todo y todos es, en palabras de otro presidente de la CRUE, un delito de lesa universidad. Subirats no puede argumentar que no tiene recomendaciones sobre qué necesita la universidad española. A través de los años, distintos informes realizados por prestigiosos investigadores y sesudos pensadores han descrito con detalle lo que necesita nuestra educación superior. El informe Tarrach, el informe Miras, o el de los consejos sociales, entre otros, son bastante homogéneos y completos al describir las necesidades de nuestra universidad. Tampoco escucha las recomendaciones del manifiesto realizado por cinco de los más brillantes economistas europeos, entre ellos Philippe Aghion o el catedrático de la Pompeu Fabra Andreu Mas-Colell. El texto proponía dos ideas fundamentales para la mejora de las universidades europeas: incrementar su dotación presupuestaria y elevar su autonomía funcional, financiera y académica. La primera choca de inmediato con la realidad. La Gran Recesión, que se extendió hasta casi 2015, la epidemia y, en este momento, la impredecible guerra en Ucrania la hacen imposible. Pero Subirats ha encontrado una solución. Al igual que en la 'ley Celaá', el Gobierno de Pedro Sánchez no va a quedar mal por dinero. Ha prometido por ley la subida de los compromisos presupuestarios con las universidades del 0,7 por ciento al 1 por ciento del Producto Interior Bruto, algo más de 3.500 millones de euros. Obviamente, no será la señora Montero la que pague, sino las comunidades autónomas, a las que enfrenta a un compromiso que no han elegido pero que están obligadas a cumplir por ley orgánica. Curiosamente la norma no incluye ninguna referencia a la responsabilidad del ministerio con la UNED, la delicada situación económica de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, o los compromisos con los campus en Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada. Tampoco sé por qué me extraño. Fue un gobierno socialista el que aseguró que la transición a los mecanismos de Bolonia, y la transformación consiguiente, se podía hacer a coste cero... Me llama la atención la tendencia de este Gobierno a transformar los compromisos financieros en estructurales. Me recuerda a la situación previa a la intervención que allá por el año 2012 sufrió Grecia. Conozco de primera mano las visitas de los hombres de negro de la Comisión a España. Por un lado, supervisaban la consolidación financiera, mientras que preguntaban con voz cándida si la vigilancia que imponían iba a afectar a las universidades y su calidad. Mucho. Pero sin lugar a dudas, mucho menos del que se podría esperar gracias a la gestión de la crisis y el esfuerzo de todos los implicados, profesores, equipos rectorales, estudiantes, familias, etcétera. No se puede pedir de nuevo a los universitarios un esfuerzo tan brutal como el que efectuaron hace una década, pero desgraciadamente parece que vamos, LOSU mediante, derechos al mismo pozo. En cuanto a la segunda recomendación, es el Gobierno el que debe cuidarla y mimarla, aunque sólo sea para cumplir el mandato de los artículos 20 y 27 de nuestra Constitución. Pero tampoco aquí ha habido suerte. La ley desdibuja la capacidad de los gestores universitarios para tomar decisiones en aspectos tan importantes como la contratación de personal o fijar las metas de la institución. Como es habitual en Europa, la LOSU adopta la estrategia de precisar a las universidades unos objetivos que cumplir para obtener, entre otras cosas, financiación. Por supuesto estas metas no vienen determinadas en la ley como vinculadas a la investigación o a la docencia. Como cabía esperar de este Gobierno, tendrán que estar definidos en el ámbito de la igualdad de género, el uso de los idiomas cooficiales y similares. No pongo en duda la importancia de este marco, pero reivindico los objetivos de investigación y formación como parte del proceso de mejora de la sociedad española. Todo lo anterior se realiza, además, reforzando la intervención de las comunidades autónomas, en algún caso ya omnímoda, frente a las agencias estatales como la Aneca. No digo que esta sea la panacea. Sin embargo, sí que está libre de los regionalismos y localismos que pueden transformar nuestras universidades públicas españolas en meras academias, y el sistema universitario español en un cortijo de unos pocos grupos de presión regionales. Si como pasó en la 'ley Celaá', el Gobierno renuncia al consenso y se escuda en contar con los votos necesarios, y estoy seguro de que los tiene al ver quién se puede aprovechar de su mediocridad, el ministro y su presidente habrán incurrido en un delito de lesa universidad. Estos delitos no tienen castigo penal, afortunadamente para sus perpetradores, pero sí reprobación en la memoria. Hoy, todavía se recuerda el «calendario juliano», una ocurrencia del ministro Julio Rodríguez allá por los estertores finales del franquismo y que supuso el cambio del comienzo del curso académico, que pasó a coincidir con el año natural. Como hará la reforma actual, dejó desnortado al sistema durante un par de años hasta que alguien con sentido común, en ese caso fue el catalán Cruz Martínez Esteruelas, devolvió la normalidad. SOBRE EL AUTOR jorge sainz Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y ex secretario general de Universidades
