El Pleno del Consejo General del Poder Judicial avaló ayer la idoneidad del nuevo fiscal general, Álvaro García, con los doce votos necesarios para ello, y con siete en contra, todos de vocales promovidos en su día por el PP, que recordaron la notoria afinidad del sustituto de Dolores Delgado con el PSOE. Lo llamativo de la votación es que tanto el propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, como tres vocales también propuestos en su día por el PP –Wenceslao Olea, Juan Martínez y Vicente Guilarte– permitiesen a la minoría progresista triunfar en la votación. El caso de Guilarte resulta doblemente chocante porque, a la vez que votaba en favor de Álvaro García junto a los vocales del PSOE, IU y PNV, su mujer era elegida letrada del propio CGPJ. La conclusión no es solo que se respalda como fiscal general a un acreditado simpatizante del Gobierno –y el listón ya lo dejó muy alto Dolores Delgado–, sino que no se cumple aquello de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. De nuevo, todo queda en familia en un ámbito, el de la Justicia, en el que si de algo empieza a estar sobrada es de apariencia flagrante de amiguismo y privilegios. Hay casos públicos y notorios en las altas esferas de la Judicatura o la Fiscalía que así lo reafirman. ¿El fiscal general reúne los requisitos? Sí. ¿Y la pareja de Guilarte? Probablemente también. Nadie pone en duda sus aptitudes profesionales. La necesaria sospecha que surge es si ambos acceden a sus puestos a cambio de algo. En el caso del fiscal general, de un compromiso de servilismo político e ideológico a La Moncloa. Y en el caso de la mujer de Guilarte, si es pura arbitrariedad oportunista para que el PSOE reúna justo los doce votos que necesita Pedro Sánchez para controlar votaciones clave del CGPJ. Por ejemplo, la que se producirá el 8 de septiembre para designar dos nuevos magistrados del TC que den un vuelco ideológico a esa institución. En la politización de la Justicia tanto montan el PSOE como el PP, y ahora con total desahogo. Y si hay algo igual de tóxico que el amiguismo, son la endogamia judicial y sus guerras civiles. Naturalmente que el CGPJ y el TC deberían renovarse a tiempo y sin retrasos. Es la ley. Y naturalmente es legítimo que cada cual tenga sus aspiraciones de ascenso y promoción. Pero no todo vale. Las maniobras oscuras de La Moncloa –legislativas y de influencias– para tratar de culminar su control sobre los tribunales, y la utilización que altos representantes de la Justicia hacen de su propio cargo para favorecer a familiares, convierten el poder judicial en un barrizal de cortijo impropio de una democracia. Dimitir por dignidad no está prohibido en España, y menos aún si se predica una regeneración y se practica lo contrario a cambio de votos para el mejor postor. Y todo ello, en el mismo día en que ABC revela que el nuevo fiscal general ya ha mantenido una reunión privada con el denunciante del caso de la Banca Privada de Andorra contra el PP, que mantiene investigado a Rajoy por la respuesta del Estado al 'procés'. García no va a perder el tiempo. El espectáculo es de todo menos edificante.
