Proyectos de vivienda con una inversión superior a los ¢6.000 millones y que beneficiarían a al menos 3.900 familias se encuentran paralizados porque no han sido conocidos por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), ya que la Junta Directiva de la entidad no sesiona desde inicios de mayo, a falta de nombramiento de los representantes del Poder Ejecutivo.
Aparentemente, estos miembros fueron elegidos en el Consejo de Gobierno del miércoles 20 de julio, pero todavía este jueves se desconocían los nombres y la fecha de juramentación. La Nación envió consultas a Casa Presidencial, pero al cierre de la información no se había recibido respuesta.
Los proyectos paralizados son dirigidos por la Fundación Costa Rica-Canadá y se concentran principalmente en el Caribe. Juan José Umaña, gerente general de la organización, indicó a este diario que la Junta del Banhvi no ha podido aprobarlos “porque aún no ha sido integrada”. “De los siete miembros que la componen, únicamente hay dos, que son los nombrados por el sector privado y que continúan desde el periodo anterior”, precisó.
Según explicó Umaña, el Gobierno designa a tres representantes. Los otros dos miembros son proporcionados por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa mediante ternas enviadas al Ejecutivo para su nombramiento. Esas ternas deben ser solicitadas primero por el Ejecutivo.
Uno de los proyectos varados es Banabat, ubicado en Matina de Limón, que consta de 40 viviendas y requiere una inversión de ¢881 millones. Otro es Corales-Bambú, un importante proyecto de Bono Comunal ubicado en el cantón central de Limón que beneficiará a más de 3.750 familias y que necesita una inversión de ¢3.112 millones. El proyecto incluye mejoras en acueductos, alcantarillado pluvial y sanitario, así como aceras, pavimentos, parques, puentes, etc.
Los otros tres proyectos en pausa beneficiarán a las comunidades indígenas de Nairi Awari, con 47 viviendas y una inversión de ¢728 millones; Conte-Burica 3-22, con 48 viviendas y una inversión de ¢673 millones, y Salitre 4, con 26 viviendas y una inversión de ¢626 millones.
Juan José Umaña enfatizó en que todos los proyectos se encuentran completamente paralizados porque es necesario que toda la junta del Banhvi esté juramentada para que conozca y apruebe el dinero requerido.
“La Fundación no puede avanzar con estos proyectos hasta tanto sean aprobados por la Junta Directiva del Banco, pues es esa institución la que proporciona los fondos para su financiamiento. Hasta que tengamos el acuerdo de su aprobación se pueden firmar los respectivos contratos de administración de recursos y de construcción”, explicó.
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Los atrasos afectan directamente el momento en que los usuarios finales pueden disfrutar de su techo.
La Nación consultó a Umaña y a la gerente general de Grupo Mutual, Mayela Rojas, así como a la gerente de Crédito de Coopenae, Yorleny Quesada, si tenían conocimiento de por qué ha ocurrido el atraso en el nombramiento y juramentación de los representantes del Gobierno, pero indicaron desconocer la razón.
Rojas añadió que el Grupo Mutual está a la espera de que se resuelvan asuntos de índole administrativo, tales como ampliaciones de plazos. En la misma situación está la Fundación Costa Rica-Canadá que también tiene aprobaciones pendientes en relación con ampliaciones de plazo y financiamiento adicional en proyectos en ejecución.
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Durante el último mes, este diario ha intentado conversar en al menos nueve ocasiones con el gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda, Dagoberto Hidalgo, para conocer cuáles otros proyectos se encuentran paralizados por el atraso en la conformación de la Junta Directiva de la entidad, pero en todos los intentos el jerarca evadió las llamadas y alegó encontrarse ocupado.
En una ocasión dijo, por medio de la oficina de prensa, no poder responder porque “estaba metido 100x100 con lo del proyecto de fusión de entidades de vivienda (Mivah (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos), INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) y Banhvi) que impulsa el Gobierno”.
Asimismo, el Gobierno impulsó ante el Congreso recortar ¢6.689 millones al sector de vivienda social para trasladarlos al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo argumentó que el dinero era para fortalecer el programa de ciberseguridad y otras gestiones propias de la cartera.
No obstante, la mañana de este miércoles los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios rechazaron esa posibilidad. Su posición fue unánime.
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