Ministra de Planificación, Laura Fernández, abogó en la Asamblea Legislativa por revisar la dispersión actual del Estado costarricense, integrado por 328 instituciones.
Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), abogó este jueves en la Asamblea Legislativa por revisar la dispersión actual del Estado costarricense, integrado por 328 instituciones.
Fernández planteó ante la comisión de Modernización y Reforma del Estado el reto de mejorar el diseño del aparato público, para mejorar la prestación de los servicios en beneficio de la calidad de vida de las personas.
La jerarca señaló que el aparato estatal ha venido creciendo de una forma fragmentada, lo que crea mucha descoordinación y deficiencias que pasan facturas a los ciudadanos. En realidad, sostuvo Fernández, los artículos 1, 9 y 188 de la Constitución Política establecen un diseño organizacional unitario y concentrado.
En ese sentido, criticó el aumento de órganos desconcentrados del Gobierno a los cuales el legislador, en su criterio, les “confirió naturalezas jurídicas impropias debido a una mala aplicación a la hora de formular y aprobar legislaciones a través del tiempo.
“Por una mala aplicación del proceso parlamentario se crearon instituciones como independientes, se les dio personalidad jurídica instrumental y se crearon, perdónenme la expresión, una especie de ornitorrinquitos legales cuya articulación y coordinación, ahora nos pasan facturas enormes en deficiencia, en la capacidad de conducción de la política pública en Costa Rica”, criticó.
Agregó que existe un bloque de instituciones descentralizadas que tienen una Junta Directiva, un ministro rector, un director ejecutivo y un gerente. “¿Quién manda ahí? ¿Quién tiene responsabilidad ahí?”, cuestionó la ministra.
“Eso hay que revisarlo con un cuidado, con detalle, porque el gran perdedor de esto son los costarricenses. No solo tenemos pérdidas económicas por incapacidad de toma de decisiones, sino que tenemos enormes pérdidas de valor público. El valor público es la capacidad de las instituciones de generar bienestar”, sostuvo.
La jerarca de Planificación cuestionó que en el Ministerio de Cultura haya 14 órganos desconcentrados, al tiempo que llamó a los diputados a evaluar si esas instituciones adscritas responden a las necesidades actuales.
A modo de ejemplo, Fernández mencionó la creación con personalidad jurídica instrumental, en 1953, de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (Comcure), a raíz de la emergencia ocasionada por la avalancha del río Reventado.
“Producto de ese problema muy específico, de un desastre natural, la respuesta en política pública fue crear una institución pública”, señaló, al tiempo que cuestionó la necesidad de que siga existiendo tal comisión.
En términos generales, la ministra consideró que las instituciones públicas están sumergidas en un modelo de inconsistencias burocráticas.
En ese sentido, lamentó la débil rectoría del Mideplán. Dicha cartera, según aclaró, solo cubre al Poder Ejecutivo que es integrado por 18 ministerios y sus órganos desconcentrados, lo que equivale a un tercio del gasto público y el 40% de la inversión estatal.
“No es que uno quiera un supermideplán, sino que me da como costarricense dolor ver que no hay aplicación homogénea de metodología, de lineamientos, de prefactibilidad básica en gestión de inversión pública porque nuestro ámbito solo cobija al Poder Ejecutivo”, lamentó.
Planteó que en el aparato público existen instituciones como el Ministerio de Gobernación que, si desaparecen, no pasa nada.
Durante la comparecencia de la ministra, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseveró que el eje central de una reforma de Estado salpica en primer lugar el bienestar de la gente.
La legisladora lanzó como reto legislar para garantizarle a los ciudadanos un uso “eficiente y respetuoso” de sus impuestos, “porque no puede ser que sigamos tirando el dinero de los costarricenses por un caño”.
Como ejemplos, Cisneros aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) invirtió ¢8.000 millones en terrenos “que no sirven para construir escuelas y colegios”.
“No pasa nada, nadie va a la cárcel, nadie responde por eso. Bodegaje que paga la Caja (Costarricense de Seguro Social) por medicamentos vencidos hace años que por no tirarlos a la basura seguimos cobrándoles a los costarricenses, edificios que alquilamos y están vacíos, el pago puntual de seguros al INS (Instituto Nacional de Seguros) por carros y GPS en carros que están sin uso. Es una afrenta lo que nosotros estamos haciendo a los ciudadanos”, criticó.
Al respecto, Rocío Alfaro, legisladora del Frente Amplio, consideró que hay mucho de trasfondo filosófico en torno a lo que se entiende por Estado, bienestar de la población y servicio público.
“En realidad no me sorprende cuando se muestra la estructura del Estado, porque cuando uno ha estudiado la historia de Costa Rica, los servicios que se dan, y se hace de forma comparada con países, se da cuenta de que los países con sociedades más democráticas, más complejas, tienen este nivel de estructuración bastante amplio de funciones especializadas, descentralizadas”, relató Alfaro.
La frenteamplista invitó a sus colegas de la comisión a valorar que cuanto se plantean rectorías más verticales para agilizar la toma de decisiones, se pierde una parte importante de la participación, especialización, descentralización.
“Es un costo que tenemos que medir cuando estemos evaluando los distintos proyectos que se nos presentan. Ganamos en un ámbito y perdemos en otro. Estamos hablando de cómo se gestiona la institucionalidad democrática del país”, planteó Alfaro.
Para esta legisladora, cuando se habla de reformas estructurales del Estado se rebasan las competencias de la comisión y del Congreso. “Cuando hablamos de un rediseño total del Estado y de reformas constitucionales, hablamos de una Constituyente”, aseguró, por lo que sugirió modificar elementos sin afectar la estructura base del Estado.
El liberacionista Rodrigo Arias, presidente del Congreso, señaló que la razón de la comisión legislativa es porque se requiere de una reforma política del Estado costarricense “y no necesitamos de una Asamblea Nacional Constituyente”.
“Creo que tenemos las facultades para comenzar a hacer un rediseño del Estado que responda a finalidades concretas, como tener un Estado más eficiente, adaptado al mundo del 2022 y no de hace 70 años y, sobre todo, que tenga un mejor uso de los recursos públicos que son escasos”, planteó Arias.
En ese sentido, el jerarca legislativo pidió a Mideplán plantear una reforma integral del Poder Ejecutivo, así como una reorganización del sector descentralizado. “En el Estado costarricense no pueden seguir existiendo islas, no podemos seguir viendo el 33% del Poder Ejecutivo y el resto por la libre. Hace falta esa centralización en cuanto a decisiones políticas, no administrativas”, argumentó.
También pidió recomendaciones sobre cómo controlar la parte fiscal del Estado, porque al final todos son fondos públicos. Básicamente, indicó Arias, analizar si puede existir una unidad que vele por el uso racional y eficiente de los fondos en todo el sector público.
Luego, según añadió, se podría pensar en que exista un solo presupuesto nacional integral con controles legislativos, si realmente se quiere hacer cosas que trasciendan.
“Imagino que algunas van a requerir de reformas legales; algunas se podrán hacer administrativamente. Habrá otras que requerirán reformas constitucionales y sería importante oír la recomendación de ustedes”, planteó Arias a Mideplán.
Dijo que no se debe pensar solo en suprimir instituciones, pues algunas se crearon para determinado fin y pueden transformarse. Arias explicó que por ley, Comcure fue reformada para otorgarle funciones de educación ambiental y desarrollo de proyectos productivos en la cuenca.
