El Juzgado de lo Social Nº 15 de Madrid ha abroncado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por no haber colaborado con la Justicia. La jueza necesitaba una serie de documentos para calcular la cantidad de pensión que una trabajadora debería recibir al estar en situación de incapacidad permanente absoluta, pero el INSS no se los proporcionó.
Todo comenzó en marzo de 2021, cuando una mujer, de profesión diseñadora gráfica, solicitó a la Seguridad Social la incapacidad permanente.
Para ello, se sometió al examen del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI). Los resultados de las pruebas manifestaron que la empleada padecía varias dolencias como, por ejemplo, un trastorno depresivo cronificado, ansiedad con agorafobia, cefalea diaria y más de dos episodios a la semana de migrañas de gran intensidad. Estas dolencias le causaban falta de concentración y frecuentes despistes que le afectaban a la visión, conducción, leer o estar con el ordenador.
A pesar de todas las lesiones, según la sentencia a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, la Seguridad Social le denegó la incapacidad permanente.
Al no estar conformes con la decisión, la trabajadora, junto con su letrada Ana Leal del bufete Campmany Abogados, impugnaron la resolución administrativa al entender que el conjunto de sus lesiones y secuelas le incapacitan para realizar cualquier tipo de trabajo.
Tras valorar todas las pruebas, la jueza consideró que los informes médicos, el dictamen del EVI y los informes del dolor y psiquiatría aportados durante el juicio han dejado acreditadas las lesiones y secuelas que padece la diseñadora gráfica.
A lo largo de la sentencia, la jueza ha explicado que con ese cuadro “resulta imposible encontrar una actividad laboral retribuida que pueda ser desempeñada por la trabajadora”. Y es que, debido a sus lesiones, “todas las semanas va a estar incapacitada para el trabajo por las migrañas” y, cuando pueda realizarlo, “sufrirá cefaleas que aumentarán los despistes con disminución de la capacidad lectora y del uso del ordenador”.
Por ello, ha declarado a la empleada en grado de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajos con el derecho a percibir el 100% de la base reguladora.
El problema es que, para poder calcular la cuantía de la prestación, la Seguridad Social debe ofrecer el cálculo y el expediente antes y durante el juicio, pero no lo ha hecho.
Ante esta falta de colaboración, la magistrada reprende en la sentencia que no han colaborado a pesar de que se le ha solicitado los documentos varias veces.
“Se le ha dado la posibilidad de que se aporte en una audiencia el cálculo de la base y nuevamente se ha ignorado al Juzgado ya que, no sólo no se aporta, sino que ni tan si quiera se señala cuál es el motivo por el que se desoye a un poder del Estado que, en ejercicio de sus competencias, está solicitando a la Administración que le informe de un extremo del que la Seguridad Social conoce los datos”, ha apuntado la magistrada.
Por ello, la jueza ha resaltado que estos actos son una falta de consideración y que, además, en la providencia del último requerimiento, se les advertía que, si no contestaban, se tomarían las bases máximas.
