Así que esto era el capitalismo, el libre mercado, todo eso. Durante al menos 25 años, entre 1992 y 2017, las seis mayores empresas constructoras de España se confabularon para repartirse miles de licitaciones de obras públicas. Dicen que, a partir de 2017, abandonaron las malas prácticas y se volvieron juiciosas. Vaya usted a saber. Pero el hecho es que, al menos durante un cuarto de siglo, que se dice pronto, se feriaron los grandes contratos de infraestructuras del país, con el más que probable detrimento patrimonial a los ciudadanos, y cerraron el paso a cientos de empresas menos poderosas que creían que podían competir por una tajada del pastel porque alguien les había contado que en los países serios existe eso que llaman libre competencia.
Los integrantes del cartel –Dragados/ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, Obrascón Huarte Lain y Sacyr- han sido multados con un total de 203,6 millones de euros, en lo que se ha descrito como la sanción más cuantiosa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su historia. Ignoro cómo se ha llegado a esa suma, pero me atrevería a afirmar que es el chocolate del loro con respecto a lo que ganaron dichas compañías durante el tiempo analizado. Bastaría con revisar sus cuentas astronómicas de resultados y compararlas con una multa promedio de 8,1 millones de euros por año para entender de qué estamos hablando. La CNMC ha remitido además el expediente a la Junta Consultiva de Contratación Pública para que determine si prohíbe a las empresas sancionadas contratar con la administración. Amanecerá y veremos.
El ‘modus operandi’ del cartel de la contratación, tal como lo recoge el texto sancionador, podría servir de guion para una nueva novela de Mario Puzo, ya saben, el autor de El Padrino. No pretendo, líbreme Dios de semejante afrenta, acusar a los constructores de constituir una mafia; simplemente les cuento cómo actuaban. Desde 1992 se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública en todo el Estado. En las reuniones –es una lástima que no tengamos vídeos de esas cumbres, que en las novelas de Puzo se solían celebrar en restaurantes italianos-, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir los trabajos, ya fuera en subgrupos o todas a una como Fuenteovejuna. Uno de los puntos neurálgicos de la estrategia era la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso. Dichas empresas, señala la CNMC, “desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta”. Ignoro si esas normas incluían la omertá, el menos en su variante civilizada.
La primera pregunta que asalta la curiosidad es cómo fue posible que este concierto para manipular el mercado se prolongara durante tantos años sin que interviniesen las autoridades competentes. Y cómo es que la sanción de la CNMC solo se vino a formalizar cinco años después del último ejercicio analizado. ¿Podemos fiarnos de unos órganos de control que actúan con semejante lentitud y desidia? Otro interrogante se refiere a las implicaciones penales que podría tener la conducta de las constructoras. ¿Ha remitido la CNMC el expediente a la fiscalía? ¿Prevé esta actuar de oficio para establecer posibles ramificaciones delictivas, por ejemplo, que, por falta de una competencia real, se hayan alterado al alza los precios de las obras con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas? En ese caso, ¿a cuánto ascendería el sobreprecio? ¿Tienen algo que decir el Gobierno y los partidos políticos sobre este escandaloso caso?
Les voy a decir lo que yo creo que va a suceder. Las constructoras activarán sus poderosos equipos jurídicos para recurrir la sanción de la CNMC y el caso se prolongará durante años hasta que se difumine en los anaqueles judiciales y muchos nos olvidemos de él. Quizá haya finalmente alguna multa –no es la primera que la CNMC impone a un grupo de constructoras por confabularse para obtener contratos-, pero las cuentas de resultados mantendrán su espléndida salud. Cuando se produzca la resolución definitiva, saldrá en los breves de los diarios, si es que sale, y se nos dirá que esos conciertos para manipular el mercado pertenecen al pasado remoto, que ahora sí que se respeta la libre competencia y que no conviene poner en permanente tela de juicio la honorabilidad de las grandes constructoras, puesto que son de las principales aportantes al PIB nacional y con la comida no se juega.
Quisiera ser más optimista. Pero de lo que aquí estamos hablando es de los poderes inmutables del Estado. No de esos con los que Montesquieu nos ha mantenido entretenidos durante tres siglos.
