El gobierno Nicaragüense, en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, avanza en su proyecto de uno partido único al tomar el poder de cinco alcaldías administradas por rivales políticos, según denunciaron el miércoles diversas organizaciones de derechos humanos y opositoras. “La toma de los Gobiernos municipales de Pantasma, Yalí, […]
Daniel Ortega junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Foto: El 19 digitial / Jairo Cajina
El gobierno Nicaragüense, en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, avanza en su proyecto de uno partido único al tomar el poder de cinco alcaldías administradas por rivales políticos, según denunciaron el miércoles diversas organizaciones de derechos humanos y opositoras.
“La toma de los Gobiernos municipales de Pantasma, Yalí, El Cuá, Murra y El Almendro, además de sepultar la autonomía municipal irrespetando la decisión popular de la población, consolida el modelo de partido único en Nicaragua”, señalaron esas organizaciones opositoras en una declaración pública.
El lunes, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad había denunciado que las cinco alcaldías municipales fueron tomadas “a la fuerza” por la Policía Nacional, coordinada directamente por Ortega y Murillo, que llegaron acompañados por concejales del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que ahora las manejan.
“Ortega dio un golpe de facto mediante el uso de la violencia a la autonomía municipal en zonas históricamente opositoras a su régimen e irrespetó totalmente al voto soberano de la ciudadanía”, continuaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participaron en las fracasadas mesas de negociación con el gobierno de 2018, que intentaban encontrar una salida pacífica.
El despojo de las alcaldías, prosigue el comunicado, se dio
“en abierta violación al régimen de autonomía municipal establecido y regulado por la Ley de Municipios y sus reformas, en cuyo artículo 24 se regulan las causales para perder la condición de alcalde, vicealcalde y concejales”.
“El régimen Ortega – Murillo (en referencia a Rosario Murillo) manu militari (por la fuerza de las armas), sin cumplir el proceso establecido en dicha ley y con el argumento de que el partido político que representa su alcalde no tiene personalidad jurídica, violenta la autonomía de estos municipios que habían elegido a sus representantes mediante el voto ciudadano”, indicaron.
Ortega, en el poder desde 2007, fue reelecto en noviembre para un cuarto período consecutivo con la mayoría de sus rivales encarcelados o exiliados, en medio de cuestionamientos y sanciones internacionales.
Por su parte, la Red Nicaragüense por la Democracia y Desarrollo Local condenó con “rotundidad” lo que califican de “violación flagrante y descarada de la autonomía local”.
“Al arrebatarle el Gobierno a los ciudadanos de los municipios de Santa María de Pantasma, Murra, San Sebastián de Yalí, El Cuá, y El Almendro, se ha confiscado la voluntad de casi 50.300 personas”, anotó la Red Local en una carta pública.
Adicionalmente, dijeron que la cancelación de la personería jurídica de un partido político opositor
“impide que se presente a las próximas elecciones, pero no extingue el mandato obtenido por las autoridades electas mediante ese partido, que están obligadas a cumplir con su período de gobierno”.
“La pérdida de la personalidad jurídica de un partido no es causal de destitución de los ediles electos bajo su bandera porque sería aplicar el principio de retroactividad de la ley que está prohibido de manera taxativa por la Constitución Política aún vigente del país”, argumentó el movimiento.
Para esa Red, “esta nueva violación de la autonomía municipal es una muestra más de la esencia totalitaria del régimen” de Ortega.
Neol Moreno, edil opositor destituido en esta andanada, dijo a AFP que “las oficinas de la alcaldía están tomadas y los concejales del FSLN ya tienen su alcalde y vicealcalde. Se repartieron los cargos entre ellos”.
La organización pro transparencia electoral, Urnas Abiertas, también se manifestó por este hecho: “A cuatro meses de las elecciones municipales (6 de noviembre) el régimen se toma de manera arbitraria cuatro alcaldías opositoras que estaban en manos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL-derecha)”.
Desde el exilio, la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, “condenó enérgicamente” la ocupación de los gobiernos locales y demandó “respeto a su integridad física”.
En 2017, el CxL ganó las elecciones en cinco de los 18 municipios en manos de la oposición, mientras 13 fueron para el FSLN.
