Foto: UNsplash / Mufid Majnun.
Desde distintas tiendas políticas se expresaron críticas y rechazo a la decisión del juez Alejandro, que este jueves hizo lugar a la petición de un colectivo de antivacunas y suspendió la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personas menores de 13 años.
Desde el oficialismo, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el dictamen de “disparate” que pone en riesgo la salud de la población afectada, especialmente de las y los menores con comorbilidades.
También opinó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien dijo que “las políticas de vacunación que aprueba la ciencia las niegue las creencias personales y el fanatismo anti-vacunas de un juez es grave. Hoy el juez, por sus ideas, pone en riesgo la salud y los derechos de los niños. Retroceso lamentable”.
El senador nacionalista, Sergio Botana, remarcó la política de libertad responsable que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou que “en este país, nadie obligó a nadie a vacunarse”. Y agregó: “Me parece vergonzoso que la Justicia quiera obligar a alguien a no vacunarse, que ponga en riesgo a mis hijos porque se le ocurre a un juez. Si determinamos que la vacunación es buena, sinceramente me parece peligrosísima la decisión de este juez (…) no puede ser que se condene a los niños a la no vacunación por una decisión impulsada por gente que me genera duda si tiene razones para ello”.
“Me resulta increíble. Habrá otros jueces, seguramente se corregirán. No todos los jueces son antivacunas”, dijo por su parte el senador nacionalista Jorge Gandini. “Hay uno militante y antivacunas que tomó esta decisión (…) El problema es que, cuando esto se corrija, en el medio va a haber gente que se perjudique. Lamento muchísimo estas actitudes militantes que terminan permeando las decisiones que nos afectan a todos”, añadió.
En el Partido Colorado hubo también voces a apoyo a la campaña de vacunación. Para la diputada María Eugenia Roselló, el fallo no solo carece de sustento técnico, sino que el daño que puede generar es incalculable”. El exfiscal Gustavo Zubía tuiteó que es un fallo “desproporcionado” e implica “una carga enorme y la responsabilidad en caso de que las afirmaciones acusatorias no resulten probadas”.
Desde el Frente Amplio, el senador Alejandro ‘Pacha’ Sánchez también emitió críticas, diciendo que “no se puede impedir que una política de Salud Pública”.
“Uruguay es un país que ha tenido mucha confianza en la salud pública sobre el covid o sobre cualquier otra enfermedad. La salud pública está protegida por la Constitución de la República. Naturalmente, los ciudadanos se pueden oponer a vacunarse, pero lo que no se puede es impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por parte del Estado”, dijo a Sánchez a los medios en la tarde de este jueves.
El legislador dijo que es necesario “analizar a profundidad” el fallo para ver sus consecuencias potenciales. “La salud pública impy.lica que todos seamos serenos a la hora de tomar las decisiones que tomamos”, concluyó.
El diputado frenteamplista, Gustavo Olmos, recalcó que la inoculación es voluntaria, y que la misma que fue evaluada y respaldada “por un comité de vacunación”, que le “merece la mayor confianza desde el punto de vista científico”.
