Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gómez aseguró, en la conferencia mañanera de este jueves del presidente López Obrador, que la investigación contra el expresidente comenzó el 20 de octubre del 2021, periodo en el que Santiago Nieto todavía ocupaba el cargo titular de la unidad.
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“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió poco más de 26 millones de pesos (unos $1,26 millones)”, indicó.
Cabe mencionar que Peña Nieto actualmente reside en España, donde obtuvo en octubre del 2020 autorizaciones de trabajo y residencia. Además, consiguió una visa dorada que facilita a los grandes inversores y empresarios que destinan, al menos, €1 millón en compra de activos españoles que tiene un proyecto empresarial o compran inmuebles por al menos €500 mil.
El responsable de la UIF mencionó que los recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. “Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.
El funcionario resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36,3 millones de pesos mexicanos (unos $1,7 millones), “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.
Asimismo, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras. Por lo anterior, el exmandatario enfrentaría cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque hay que recordar que desde el 2020 la Fiscalía ya ha fincado acusaciones en su contra.
El expresidente posee una residencia en Valdelagua, en una de las zonas más seguras y privadas de Madrid, así como un predio comercial, valuado por el portal idealista.com en más de €500 mil, en el barrio de Chamberí en Madrid. Dicho predio es de 105 metros cuadrados.
Desaparecido del ojo público una vez terminado su sexenio (2006- 2012), y su poca actividad pública únicamente cuando ha sido captado de viaje por el mundo con su novia Tania Ruiz en algún restaurante, en una fiesta o en las inmediaciones de un lujoso hotel en Europa, políticos y analistas lo han atribuido a un “pacto” con la actual administración.
Sin embargo, López Obrador ha negado tener un acuerdo con el expresidente Peña Nieto para protegerlo, pues aseguró el pasado 21 de abril en su conferencia: “No establezco relaciones de complicidad con nadie”, aunque reconoció que tiene consideración y respeto por el exmandatario porque no intervino en las elecciones presidenciales del 2018, a diferencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes acusó de hacerle fraude electoral.
Para la FGR, el expresidente Peña Nieto jugó un papel central en el caso de corrupción Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria, delito electoral, así como de haber contado “con su propio aparato de poder criminal”.
A través de un comunicado, en ese entonces la FGR consideró que Peña Nieto utilizó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como instrumento para cometer ilícitos. Por ello, el exmandatario también enfrentaría cargos por ejercicio indebido del servicio público.
Con su supuesto actuar ilícito, el expresidente Peña Nieto no solo obtuvo beneficio personal sino que procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht, que los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”, señaló la FGR.
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Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó en el 2020 contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su “propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para “el pago de sobornos a diputados y senadores”.
La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado”, según la cual, el hombre de atrás (Enrique Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, “que en el caso concreto lo era el gobierno federal”.
