Crece la preocupación en el sector de la promoción ante el proyecto de la primera Ley de Vivienda de la democracia. La iniciativa ahora en el Congreso a instancia del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos augura una serie de restricciones sobre el negocio de propietarios e inversores inmobiliarios. Entre ellas, sobresalen la limitación de rentas pero también la autorización a ayuntamientos para imponer un 30% de vivienda social sobre obra nueva en suelo urbano consolidado (hasta ahora la había solo sobre suelo rural) ...
