Órganos conformados por vecinos de comunidades manejan más de ¢220.000 millones al año para transporte de estudiantes, alimentación, mantenimiento y otros.
Cada año el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otras entidades estatales depositan miles de millones de colones en cuentas bancarias de más de 4.500 juntas de educación. Según la ley y los reglamentos, el dinero debería invertirse en construcción de aulas y otras instalaciones, mantenimiento, alimentación, transporte de estudiantes, salario de cocineras, personal administrativo, becas y compra de equipo, pero no existe certeza de que se utilicen los recursos para esos fines.
Una vez en manos de las juntas de educación, es poco lo que el MEP hace para fiscalizar el uso de los fondos públicos, lo cual ha sido señalado por la Contraloría General de la Repúblca. Por ejemplo, los contadores contratados por las juntas deben enviar reportes mensuales con el detalle ingresos y egresos para que las autoridades y cualquier ciudadano puedan revisar cómo se usan los recursos, pero muchos no remiten los informes.
Ese es el caso de la escuela Napoleón Quesada Salazar, ubicada en Zapote, que no remite los informes desde enero de 2021, según confirmó la Dirección Regional de Educación San José Central ¿Por qué no la envía? ¿Quién es el responsable? ¿Se sancionó a alguien por la omisión? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta.
Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP, admite las deficiencias en el modelo de juntas de educación y anuncia cambios relacionados con el nombramiento de esos órganos, las transferencias que se les realizan, los mecanismos de compra, asignación de fondos y otros.
El viceministro aseguró que trabajan en una propuesta legislativa para modificar la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
¿Qué son las juntas de educación?
En la actualidad, la normativa indica que los miembros de las juntas de educación deben ser propuestos, a través de ternas, por los directores y docentes de centros educativos, pero nombrados por los concejos municipales de cada cantón, pero en ocasiones eso no se respeta. Además, cuando surgen problemas por presuntas irregularidades o incumplimientos, el MEP no puede remover a los integrantes, pues esa potestad recae sobre los concejos municipales.
“Yo creo que la línea de la reforma va a ser que el MEP tenga la mayor potestad de poder gestionar el modelo de juntas, no le puedo decir, en este momento, si podemos desaparecer del todo la figura de la municipalidad, pero que sí sea el MEP el que tenga la capacidad de controlar quiénes son los que llegan ahí, las funciones y demás. Nosotros ocupamos garantizarnos que el MEP tenga la mayor injerencia para controlar que las juntas hagan bien su trabajo”, declaró Sánchez.
La propuesta de reforma estaría lista a finales de año.
Otro de los problemas del MEP con las juntas de educación es que no cuenta con un software que contenga información actualizada sobre los miembros de la juntas de educación, las fechas de nombramientos, las fechas de vencimiento de los nombramientos y registros de renuncias. Tampoco existen bases de datos públicas para revisar los movimientos contables, hasta 2020 esos documentos solo se remitían impresos a las 27 Direcciones Regionales de Educación, ahora se envían en digital, pero si alguna persona desea revisarlos tiene que ir a una de esas oficinas y solicitarlo.
“En el departamento de Juntas de Educación del MEP se manejan bases de datos de las juntas, de las cuentas comerciales, cédulas jurídicas, correos electrónicos y números de teléfono, pero no podría decir que exista una base de datos que se esté actualizando constantemente con respecto a todos los miembros de las juntas (...) Digamos que información detallada y actualizada de cada una de las juntas y las fechas de vencimiento de las mismas es un dato que no se tiene”, admitió el viceministro.
El MEP estima que, entre el 7% y el 8% de las juntas de educación del país enfrentan problemas de conformación por miembros que renunciaron o fueron destituidos. En algunos de esos casos, sustituir a la persona toma meses, lo cual paraliza a la junta y afecta la administración del centro escolar.
Una muestra de los conflictos con los nombramientos de juntas es la polémica que enfrenta la Municipalidad de San José. En los últimos meses, La Nación reportó presuntas irregularidades con decenas de designaciones en las juntas de educación electas por el Concejo Municipal de San José.
Las actas municipales reflejan nombramientos a dedo en las juntas de educación y juntas administrativas de escuelas y colegios del cantón, al margen de lo que dicen leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata de 88 juntas adscritas a la Dirección Regional de San José Central que manejan miles de millones al año para la operación de los centros educativos. Solo en 2021, los integrantes de esos órganos decidieron el uso de ¢14.000 millones.
Los documentos demuestran que el Concejo Municipal capitalino obvió la normativa y realizó 61 nombramientos ajenos a las ternas enviadas por 17 centros educativos. Algunos de los seleccionados a dedo terminaron involucrados, después de su elección, en investigaciones administrativas y judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos escolares.
Seis familias se distribuyen puestos en 16 juntas de escuelas y colegios capitalinos
Solo de la Dirección de Programas de Equidad, las juntas de educación reciben transferencias por ¢220.000 millones por año, aproximadamente. Hasta hace cuatro años, el dinero ingresaba a cuentas bancarias de las juntas y no se monitoreaba su uso. Sin embargo, en el Gobierno anterior se ordenó que, al menos, los contadores debían certificar los saldos mensuales.
“Eso es una forma de monitorear el uso que le están dando las juntas de educación a los recursos mensualmente, porque no podemos meternos a las cuentas bancarias comerciales a nombre de cada junta para ver los movimientos que hacen y cuándo los hacen. Eso es un problema, una limitación.
“Eso es solamente para reportar los saldos, queremos trabajar en un sistema para que suban las facturas de cada compra, porque aunque puedan manipular facturas, ya esa es una señal de que no solo se pide el saldo y de que no pueden usar ese saldo para otros fines. Antes nunca se monitoreaba, antes no se sabían los movimientos, ahora por lo menos se sabe que tienen saldos. Existen saldos de miles de millones de colones, pueden trascender los ¢10.000 millones”, afirmó Sánchez.
Para evitar despilfarros, desvío de fondos y posibles favorecimientos a empresas ligadas a integrantes de las juntas de educación, el MEP pretende que todos los gastos que hacen las juntas de educación se ejecuten a través de la Caja Única del Estado, lo cual permitiría observar el detalle de cada transacción.
El MEP también procura que todas las juntas de educación gestionen, a partir de este año, sus compras a través del Sistema Integrados de Compras Públicas (SICOP).
Según un informe de la Contraloría General de la República, emitido en 2021, los controles del MEP sobre las juntas son muy débiles.
“La definición de funciones asignadas a las Direcciones Regionales para la aprobación y seguimiento presupuestario presenta debilidades relacionadas con la ausencia de perfiles específicos de los puestos a cargo de esta labor, ni se brinda la capacitación respectiva; además, existen debilidades en la distribución de funciones ya que no se considera, entre otros, la demanda de servicios conforme a la cantidad de Juntas a cargo de cada Dirección, la dinámica organizacional, el entorno y los riesgos, lo que por ejemplo, genera que una sola persona tenga a su cargo la aprobación presupuestaria de los recursos de hasta 212 Juntas”, expresó la Contraloría.
Junta del Liceo de Costa Rica hizo compras a allegados de uno de sus miembros
El ente fiscalizador agregó que “el 89% de las Direcciones Regionales no considera los resultados de la ejecución del presupuesto de las Juntas; el 41% no dispone de mecanismos para garantizar que los presupuestos ordinarios se tramiten en el plazo, el 56% no dispone de éstos para el trámite de los presupuestos extraordinarios y el 63% para modificaciones externas; además, el 17% no notifica la resolución de los documentos presupuestarios a las Juntas y quienes lo notifican, no disponen de un formato estandarizado para esa comunicación”.
En los últimos meses, aparentes actos de corrupción en juntas de educación han resultado en la apertura de investigaciones judiciales, una de ellas es el presunto favorecimiento a empresas de familiares de personas nombradas en la Junta de Educación del Liceo de Costa Rica.
