Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores (SGAE) han rechazado este viernes las acusaciones de corrupción vertidas por Pablo Salinas, miembro también del órgano de dirección de la entidad, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado miércoles. En concreto, 32 de los 37 miembros de la Junta Directiva han suscrito un comunicado en el que desmienten que «los puestos de la Junta Directiva hayan sido designados a dedo por persona alguna o que ninguno de nosotros hayamos tenido que pagar para obtenerlo».
«Es rotundamente falso», señalan en el texto, difundido unas horas después de que este diario hiciera pública la intervención de Salinas en la Asamblea, en la que denunció que él y otros miembros del Colegio de Pequeño Derecho tuvieron que pagar 800 euros al director institucional de la entidad para salir elegido en las elecciones. «Iván García Pelayo, esa ha sido la persona que ha estado llamando continuamente a todos los elegibles, para decirle: tú arrímate a mi sofá y ahí tendrás la oportunidad de salir: 800 euros es el precio, y mientras a la SGAE le cobro otro tanto. Eso es un hecho», dijo, entre un gran revuelo.
Hubo quien intervino en la Asamblea para negar esa acusación de corrupción, pero la respuesta oficial ha llegado este viernes. «Los abajo firmantes, miembros de la actual Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, rechazamos de manera contundente las declaraciones realizadas en la Asamblea General Ordinaria 2022 de la entidad por don Pablo Salinas, miembro también de esta Junta Directiva. Es rotundamente falso que los puestos de la Junta Directiva hayan sido designados a dedo por persona alguna o que ninguno de nosotros hayamos tenido que pagar para obtenerlo», dice el comunicado.
«Son los socios, y únicamente los socios, los que eligen con sus votos a sus representantes en los órganos de dirección de la entidad, a través de las elecciones que se llevan a cabo siguiendo estrictamente lo que marcan nuestros estatutos, y que se realizan con todas las garantías legales y societarias, bajo la supervisión de una Comisión Electoral independiente», añaden los firmantes, entre los que están Antonio Onetti, presidente de la SGAE y cuatro vicepresidentes.
«Así mismo, los miembros de los colegios de Gran Derecho, Audiovisual y de Editores, queremos manifestar nuestra mayor solidaridad con los miembros del colegio de Pequeño Derecho que han sufrido públicamente un ataque tan injusto como injustificado por parte del señor Salinas –continúa el comunicado–. Esta Junta Directiva lleva casi dos años trabajando intensamente para defender la honorabilidad de nuestra entidad y restablecer la confianza en su funcionamiento, y no vamos a consentir este tipo de falsedades que solo persiguen el desprestigio de nuestra entidad por intereses espurios».
Como avanzó ABC, estas acusaciones de corrupción vertidas en la última Asamblea coinciden con un requerimiento enviado el 20 de junio por el Ministerio de Cultura para que la SGAE remita, en un plazo de quince días, que remita la información y las alegaciones oportunas referidas a una denuncia sobre una supuesta falsificación de votos en las Asambleas Generales ocurrida desde, al menos, la celebrada el día 30 de enero de 2020. Estos hechos fueron denunciados por la Junta Directiva ante el organismo competente después de que el anterior secretario general lo aportara, hace unos meses, al órgano de dirección de la SGAE.
La lista de firmantes del comunicado difundido hoy por la entidad de gestión de derechos de autor es la siguiente:
Antonio Onetti, presidente; Sabino Méndez Ramos, vicepresidente Colegio Pequeño Derecho; Fermín Cabal Riera, vicepresidente Colegio Gran Derecho; Carlos Navarro Ballesteros, vicepresidente Colegio Audiovisuales; Carlos Martínez Ortiz (M20, SL Ediciones Musicales), vicepresidente Colegio de Editores; David Santisteban Marcos, consejero Colegio Pequeño Derecho; Ignacio de Loyola Mañó Guillén, consejero Colegio Pequeño Derecho; Javier Portugués Arribas, consejero Colegio Pequeño Derecho; Juan Fernández Gálvez, consejero Colegio Pequeño Derecho; Juan José Solana Gutiérrez, consejero Colegio Pequeño Derecho; Manuel Marvizón Carvallo, consejero Colegio Pequeño Derecho; Mercedes Trujillo Callealta, consejera Colegio Pequeño Derecho; Pablo Cervantes Gutiérrez, consejero Colegio Pequeño Derecho; Virginia Maestro Díaz, consejera Colegio Pequeño Derecho; Ana Fernández Graciani, consejera Colegio Gran Derecho; Eduardo Galán Font, c onsejero Colegio Gran Derecho; María Pagés Madrigal, consejera Colegio Gran Derecho; Mariano Marín Rioja, consejero Colegio Gran Derecho; Marta Torres Blanc, consejera Colegio Gran Derecho; Antonio Hens Córdoba, consejero Colegio Audiovisuales; Antonio Meliveo Mena, Consejero Colegio Audiovisuales; David Planell, Serrano; consejero Colegio Audiovisuales; Juan Esteban Urkixo Beitia, consejero Colegio Audiovisuales; Rafael Galán Pérez, consejero Colegio Audiovisuales; Silvia Pérez de Pablos, consejera Colegio Audiovisuales; Silvia Quer Sabaté, consejera Colegio Audiovisuales; Cecilia León Rodrigo (Ediciones Joaquín Rodrigo, SA), consejera Colegio de Editores; Juan Ignacio Alonso Puig (SM Publishing Iberia, SRL), consejero Colegio de Editores; Rafael Aguilar Grabowski, (Southern Music Española, SL), consejero Colegio de Editores; Rafael Artero Montalván (Universal Music Publishing, SLU), consejero Colegio de Editores; Santiago Menéndez-Pidal (Warner Chappell Music Spain, SA), consejero Colegio de Editores; y Teresa Carbonell Heras (Konga Music, SL), consejera Colegio de Editores.
