Por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri, se produjo una serie de allanamientos en Ibicuy. La medida fue concretada por personal de la Policía Federal que secuestró documentación de la empresa Cristamine SA, ante la sospecha de que está operando al margen de la ley. El brazo de la Justicia se extendió hasta la municipalidad local a la que acusan de haber habilitado la empresa sin tener la potestad de hacerlo.
Un procedimiento similar se desarrolló en la planta que la empresa NRG tiene en el sector norte de la ciudad de Allen (Río Negro), donde esa firma acopia y prepara las arenas con las que provee a las empresas petroleras de Vaca Muerta.
Según informó el sitio Mejor Informado, en este caso fueron efectivos de Gendarmería Nacional los que bloquearon el acceso al lugar, al mismo tiempo que dieron la orden de que todo aquel que llegara hasta ese sitio no podía salir del predio hasta que finalizara el procedimiento.
Carlos Cadoppi, demandante por el accionar de las empresas mineras, inició la acción legal para que se investigue el daño ambiental de este tipo de actividades. La primera medida del juez Viri fue suspender las actividades por el plazo de 45 días la extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos I, II, III, IV y V para las firmas que no tuvieran el certificado de informe técnico favorable.
Una firma desobedece el veto oficial y continúa extrayendo arena del río Ibicuy
Entre Ríos estableció el cese preventivo de canteras en Islas del Ibicuy y Gualeguaychú
Al existir una sospecha de que las firmas continuaron operando a pesar de la medida judicial, Cadoppi presentó una nueva denuncia en el Juzgado de Gualeguaychú, lo cual derivó en estos allanamientos.
Entre Ríos es proveedora de arena por excelencia, dado el caudal de sus ríos. La arena es necesaria para el fracking que se realiza en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.
"Las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente", señaló en su dictamen el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.
Por la falta de estos certificados el Gobierno de Entre Ríos había dispuesto el cese de nueve areneras de las catorce radicadas en la zona, además de cuatro plantas de procesamiento. De estas nueve, tres poseen informes técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación, dos esperan la renovación y una se encuentra en la etapa de participación ciudadana
