Azucena Arbeleche presentó el texto junto a la vicepresidenta de la República interina, Graciela Bianchi. Foto: Presidencia de la República
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó este jueves el proyecto de la Rendición de Cuentas ante la Asamblea General del Parlamento.
Destaca que, de los US$225 millones de aumento en el gasto social, US$45 millones irá para educación, US$27 millones para seguridad, US$26 millones para desarrollo de ciencia y tecnología y US$70 millones para aumentos salariales a empleados públicos.
El 2021 cerró con un déficit de $90.088.947.000 (pesos uruguayos) en la ejecución presupuestaria y $10.101.763.000 en operaciones extrapresupuestarias, que devienen de la aplicación de normas legales.
La ministra Arbeleche dijo en rueda de prensa que se siente “muy satisfecha” con el ejercicio, y que “cuando vean los números, y dónde se destinan los recursos, van a entender”.
“A medida que la economía supera la emergencia sanitaria, la administración promueve la recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, tanto públicos como privados”, dice la exposición de motivos, de 186 páginas.
“En efecto, en 2022, ante la escalada inflacionaria que afectó no sólo a Uruguay sino al mundo entero con particular énfasis en los países avanzados, el gobierno adelantó los aumentos de remuneraciones públicas y pasividades, a la vez que solicitó a aquellos sectores de actividad en el sector privado, sin correctivo por inflación en 2022, que evaluaran la posibilidad de adelantar tales correctivos. Asimismo, al cierre de este informe, el gobierno había alcanzado un acuerdo con el sindicato de la administración pública central hacia el 2025, para la recuperación salarial por encima de lo establecido en el Artículo 4, y se está en vías de acordar con el sindicato de la educación”, agrega el documento.
La Rendición de Cuentas incluye en el artículo 206 la derogación expresa de la Ley N°19.307, aprobada el 29 de diciembre de 2014, con sus respectivas disposiciones modificativas, concordantes y reglamentarias.
Para el Ejecutivo de Lacalle, esta ley tiene “varias inconstitucionalidades” y, bajo esa premisa, fue que habilitó que los cableoperadores privados usen la infraestructura de ANTEL para competirle a la misma en servicios de internet. Contrario a las afirmaciones del gobierno, solamente dos artículos han sido declarados inconstitucionales, tal como explicamos en esta nota.
En el siguiente artículo, la Rendición reinstaura los siguientes decreto-leyes:
