Suma y sigue en el goteo de sentencias judiciales contra la Dirección General de la Policía (DGP) por sus polémicas pruebas en las oposiciones para acceder a este cuerpo, a las que se presentan cada año miles de aspirantes de toda España.
ABC ya informó hace tres semanas de que la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, arrastraba más de 400 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulando entrevistas a opositores a los que descartó de forma arbitraria. Es decir, sin ningún criterio objetivo, sino con un informe «parco, genérico y escasamente motivado», como explica una y otra vez el TSJM. A principios de este mes, eran ya 412 sentencias contra la DGP, a las que hay que sumar otras 38 que se han notificado desde entonces. Así, la Dirección General de la Policía acumula ya 450 varapalos judiciales por una de sus pruebas más controvertidas en estas oposiciones.
La última tanda de sentencias a las que ha tenido acceso ABC, algunas de ellas de este mismo mes, son por las entrevistas que se realizaron en la primavera de 2019. Y ello a pesar de que la DGP aseguró a este periódico que «desde la puesta en funcionamiento de la grabación de las entrevistas en 2019 no hay ninguna sentencia en contra».
ABC ha preguntado varias veces a la DGP cómo es posible entonces que los tribunales sigan anulando entrevistas realizadas ese mismo año desde el que, según ella, «no hay ninguna sentencia en contra», cuando sólo en las últimas semanas ha encajado otras 38. La Dirección General de la Policía no ha ofrecido a este periódico más explicaciones sobre esa contradicción. Tampoco es posible que haya sentencias de los años posteriores (2020-2022), como quiera que el TSJM todavía está resolviendo sobre las entrevistas de 2019, de los que aún le quedan cientos de recursos pendientes.
Ignorando al Supremo
Además, las nuevas sentencias contra la DGP insisten en que ésta sigue sin aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual las pruebas para medir aptitudes personales en procesos como éste deben incluir unos criterios y baremos mínimos de objetividad para evitar que los aspirantes sean descartados de forma discrecional y arbitraria.
Algo que ocurre con frecuencia en estas oposiciones a la Policía, como apunta el TSJM en sus sentencias, en las que señala que la DGP descarta a aspirantes «sin haber realizado al opositor ninguna prueba psicotécnica, únicamente tras una entrevista de apenas 15-20 minutos, sin que haya motivado cuáles han sido los criterios o parámetros seguidos para adjudicar una puntuación u otra».
Y es que la DGP descarta candidatos alegando «escasa resolución y firmeza de carácter», pero sin aportar ninguna prueba sobre ello, mientras que informes periciales de expertos independientes, de los que el TSJM destaca su «minuciosidad, meticulosidad y rigor técnico», confirman que esos candidatos no sólo no tienen ninguno de esos problemas, sino todo lo contrario.
Desde 2015
Esta irregularidad viene ocurriendo desde al menos 2015, cuando el TSJM empezó a dar la razón a todos los afectados que han recurrido esa prueba en los tribunales. Algo que ha animado a cientos de ellos a seguir el mismo camino, por lo que cada vez son más los descartados que recurren y más las sentencias que les dan la razón, obligando así a la DGP a readmitirlos en la oposición, aunque tres o cuatro años después.
Todo ello implica una pérdida de tiempo y dinero considerable no sólo para los afectados, sino también para las arcas públicas, ya que cada caso que pierde la DGP obliga a al Estado a pagar hasta 500 euros sólo en costas judiciales. Y, lo que es más graves, los sueldos como agentes que habrían correspondido a los afectados si no se les hubiera expulsado tras esa entrevista arbitraria y hubieran conseguido su plaza.
Por ejemplo, si un aspirante fue descartado en esa prueba en 2019, la Justicia condena a la DGP a readmitirle en 2022 y termina sacándose la plaza en 2023, la DGP tiene que pagarle, además de los 500 euros de costas judiciales, el sueldo de policía nacional de esos cuatro años, descontado lo que haya cobrado por otros empleos durante ese tiempo. Dados los importes y la cantidad de afectados, el coste económico de este fiasco judicial alcanza ya un monto muy importante para las arcas públicas, aunque difícil de determinar dadas las distintas circunstancias de cada caso.
Y por la ortografía
Las entrevistas no son las únicas pruebas de estas oposiciones por las que la Dirección General de la Policía sigue encajando varapalos judiciales. También por el examen de ortografía. El propio TSJM ya anuló hace más de dos meses varios apartados de este test que realizaron los opositores en 2020, como también avanzó ABC.
Cientos de afectados recurrieron a la Justicia porque la DGP había planteado y corregido cuatro preguntas en contra del criterio de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). El TSJM ya dio la razón a los nueve primeros a finales de abril y, como ha podido confirmar este periódico, sigue resolviendo a favor de todos los demás.
Así, ha emitido otras siete sentencias en el mismo sentido. De hecho, la propia DGP no recurrió las nueve primeras, por lo que, a medida que vayan saliendo todas las demás, tendrá que readmitir a cientos de opositores a los que descartó en ese test por empeñarse en corregirles cuatro preguntas de ortografía contradiciendo a la propia RAE.
Mientras, ambos problemas se han vuelto a repetir en la última convocatoria, cuyos aspirantes se enfrentaron a estas y otras pruebas durante la pasada primavera. Muchos de los descartados en la entrevista y en el test de ortografía también van a recurrir ante la Justicia.
