La expansión del vehículo eléctrico sigue tomando fuerza en España, aunque la falta de infraestructuras de recarga es el principal impedimento del crecimiento dentro del parque del número de coches de cero emisiones. Según los datos de la Asociación de Fabricantes ANFAC, los vehículos electrificados acumulan una de cada 10 ventas en el primer cuatrimestre de 2022.
Aunque estas cifras son positivas, desde la asociación se remarca la necesidad de acelerar el ritmo de electrificación para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones planteados por el PNIEC en 2022. Según José López-Tafall, director general de ANFAC «el sector sigue empujando con una amplia oferta de vehículos, pero es muy necesario generar un contexto de mayor certidumbre al usuario mediante el impulso de las infraestructuras de recarga, una mayor eficiencia de los planes de ayuda y un marco fiscal favorable que haga del vehículo electrificado una primera opción de compra».
Para poner solución a este el problema, tras la aprobación del Real Decreto-ley 29/2021 para el fomento de la Movilidad Eléctrica, el Gobierno establece la obligatoriedad de instalar puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos de acceso público antes del 1 de enero de 2023.
«Con esta nueva norma, la idea del Ejecutivo es acelerar las políticas de movilidad sostenible y que en menos de siete meses la red de puntos de carga de vehículos electrificados crezca hasta los 100.000 enchufes, estando presente no solo en gasolineras o estaciones de servicio, sino en todo tipo de localizaciones y algunos edificios públicos», afirma Eduardo Clavijo, CEO de Idoneo.com.
La medida, detalla el experto, incluye una serie de «beneficios fiscales» para las empresas que instalen esta infraestructura: «Se puede llegar hasta el 50% de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a la exención de hasta el 90 % de los impuestos de obras relativos a la instalación puntos de recarga».
En primer lugar, dentro de los espacios que deberán contar con puntos de recarga, destacan los edificios no residenciales privados. En este caso, aquellos que cuenten con un aparcamiento de más de 20 plazas, deberán contar de forma obligatoria de una estación de carga por cada 40 plazas o fracción.
«Dentro de esta categoría entran no solo centros de trabajo, oficinas o fábricas, sino supermercados, centros comerciales, hoteles, restaurantes, hospitales, centros de espectáculos u ocio y centros educativos como colegios y universidades», añade Clavijo.
Por su parte, en lo que respecta a edificaciones propiedades de la Administración General del Estado, la exigencia será todavía mayor, con la obligatoriedad de instalar un punto de recarga por cada 20 plazas, o fracción, cuando dicho aparcamiento disponga de hasta 500 plazas.
Por otra parte la Asociación de Fabricantes de Vehículos (Anfac) ha defendido la necesidad de acelerar el ritmo de la electrificación de los vehículos que por el momento «se sitúa lejos de lo necesario» para alcanzar los objetivos marcados por Bruselas. Según la asociación, el sector de la automoción tiene un «pleno compromiso» con la descarbonización y promete cumplir con las exigencias pactadas.
El pasado martes, el Consejo Europeo aprobó aumentar la exigencia de reducción de emisiones a un 55% en 2030 y de adelantar en cinco años, a 2035, la prohibición de la compra de los vehículos de combustión.
Sin embargo, en línea con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), ha apuntado que los nuevos objetivos deben ir acompañados de nuevas herramientas al mismo nivel de exigencia, «si se quiere que su cumplimiento sea posible».
Desde ANFAC plantean distintas medidas para acelerar el ritmo de penetración de los vehículos electrificados, como una fiscalidad que apoye positivamente la descarbonización y se centre en gravar el uso, no la compra, y una reforma de los planes de ayuda a la demanda para hacerlos más eficaces. Desde esta asociación creen que es «imprescindible» aumentar el despliegue de puntos de recarga, por lo que es necesario que la propuesta del reglamento AFIR para puntos de recarga recoja «el mismo nivel de ambición en las herramientas para hacer un despliegue rápido, eficiente y lógico en cada estado miembro».
