La Comisión Europea ha aprobado hoy el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad y rebajar así el precio de la luz en la Península Ibérica. La medida será efectiva desde el próximo día 14 y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día 15, por lo que será en esa fecha cuando empezará a notarse el descenso anunciado de las tarifas reguladas de la luz del que se beneficiarán los 10,07 millones de clientes que tienen esa tarifa o pvpc.
Aunque en un primer momento la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que la factura se abarataría en un 30% con el nuevo mecanismo, recientemente ha rebajado esas previsiones al «15 o 20%».
Lo que no ha aclarado aún la ministra es cómo y, sobre todo, quién asumirá los costes de esta medida, que ascienden a 6.300 millones de euros, según la propuesta enviada a Bruselas..
Curiosamente, hoy ha sido preguntada en un acto organizado por Enerclub si sabía cuándo Bruselas podría aprobar esta medida, y ha respondido que «antes de que acabe la próxima semana».
La aprobación definitiva de la Comisión Europea llega dos meses y medio después de que fuera autorizada por el Consejeo Europeo celebrado a finales de marzo pasado, mes en el que el precio de la electricidad llegó a alcanzar los 700 euros el MWh, y después de que el Gobierno español dijera que entraría en vigor a primeros de abril. La decisión se ha tomado «tras un trabajo muy intenso, dada la complejidad de la medida, y marca un hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias», según subraya el Ministerio para la Transición Ecológica.
La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. El apoyo tendrá la forma de un pago que opera como una subvención directa a los productores de electricidad destinada a financiar parte de su costo de combustible.
El pago diario se calculará en base a la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un tope fijado en una media de 48,8 euros/MWh durante la vigencia de la medida. Más específicamente, durante los primeros seis meses de la aplicación de la medida, el precio tope real se fijará en 40 euros/MWh. A partir del séptimo mes, el precio tope aumentará en 5 euros al mes, resultando en un precio tope de 70 euros/MWh en el duodécimo mes. La medida será financiada por parte de los llamados "ingresos de congestión" (es decir, los ingresos obtenidos por el Operador del Sistema de Transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España), y un cargo impuesto por España y Portugal a los compradores que se benefician de la medida, según Bruselas.
