Debe partirse del principio de "simpleza tributaria" para avanzar con la eliminación de impuestos distorsivos que afectan gravemente la ecuación económica de las cadenas productivas, interponiéndose así en el crecimiento económico del país
Que la presión tributaria de nuestro país es insostenible resulta de tal obviedad para el común de los mortales que nos resulta muy difícil entender para dónde apunta la brújula del oficialismo cuando insiste en la creación de nuevos impuestos.
Según la última estadística del Ministerio de Economía que data del 2020, la presión ascendía al 29,4% del PBI, dato engañoso si se tiene en cuenta que, según diversas estimaciones, la mitad de nuestra economía opera fuera del sistema formal lo cual aumenta la efectiva presión tributaria que sufren aquellos "buenos contribuyentes" que siguen dentro del sistema formal.
Al menos 350 empresas deberían pagar la renta inesperada: cuánto puede recaudar el Gobierno
Renta inesperada: el impacto en empresas, cómo se calcula y las dudas del proyecto
Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno ha creado o aumentado casi una veintena de impuestos a la fecha. A ello debe adicionarse el componente inflacionario que influye directamente sobre la presión tributaria y que pone especialmente en riesgo a los sectores de menores recursos que son quienes se encuentran más expuestos a los vaivenes económicos.
Alberto Fernández y Martín Guzmán presentaron el proyecto de renta inesperada que llegó al Congreso
Así, el régimen tributario argentino se caracteriza desde hace años por su elevada presión fiscal e intrincada complejidad, el que se representa como una ecuación en la que conviven impuestos regresivos, inequitativos y distorsivos por un lado y, por otro, la falta de seguridad jurídica que ocasionan los constantes cambios en la normativa, junto con una elevada carga administrativa para los contribuyentes alcanzados por múltiples regímenes de recaudación e información tanto a nivel federal como provincial.
Roberto Arias, hombre clave para los impuestos: "Hay que mantener y mejorar la presión tributaria"
En lo que significó un nuevo frente de combate frente a la crisis económica actual, junto con la "guerra contra la inflación" anunciada, desde el oficialismo se impulsa un blanqueo encubierto bajo el nombre de Fondo para pagarle al FMI que, más allá de las horrorosas deficiencias técnicas que ameritarían un artículo aparte, no es más que otro caballo de troya, aunque esta vez, está dirigido a este organismo internacional ante el cual nuestro país se comprometió a no aprobar nuevas amnistías fiscales.
Conviven impuestos regresivos, inequitativos y distorsivos por un lado y, por otro, la falta de seguridad jurídica
No contentos con la media sanción que lograron en senadores para este intento de proyecto de ley, siguen insistiendo en que presentarán otro para gravar la "renta inesperada" a efectos de subsidiar el trabajo informal y darle alguna "limosna" a nuestros jubilados.
Lo que parece no entender este gobierno es que, lejos de lograr una mayor recaudación, con estas medidas demagógicas sólo generarán el efecto inverso al deseado. Lejos de lograr una mayor recaudación, solo obtendrán la reducción de inversiones y frenarán el crecimiento productivo en el corto plazo.
En la vereda opuesta, algunos diputados de la oposición parecen usar el mismo tipo de herramientas demagógicas, pero en sentido inverso. Hace pocos días, se presentó un proyecto en donde se le exige al Estado que devuelva a los contribuyentes el dinero excedente de lo estimado para la recaudación anual por efecto del llamado "impuesto inflacionario".
Nada vale más que el dinero en el bolsillo, lo que necesitamos es bajar la presión fiscal
Así por ejemplo si en el 2021 el Estado recaudo más de $11.900.000 millones cuando en el presupuesto contemplaba un importe de casi $9.300.000 millones, existiría un superávit de más de $2.500.000 millones que debiera ser devuelto a los ciudadanos que pagaron sus impuestos.
Es tan complejo implementar lo que demanda el proyecto que su implementación seguramente resulte más costosa que el dinero que finalmente puede reintegrarse a los contribuyentes. Por otra parte, nada vale más que el dinero en el bolsillo, lo que necesitamos es bajar la presión fiscal. A lo sumo podría pensarse en una compensación o disminución impositiva de ejercicios fiscales siguientes en vez de pretender la devolución a los premios de un supuesto "pago en exceso".
Renta inesperada: las claves del proyecto que presentó el Gobierno para "mejorar la distribución"
La política tributaria de nuestro país necesita un cambio de rumbo, un trabajo de fondo que tenga como ejes principales la reducción sustancial del gasto y el diseño de un régimen tributario acorde a dicho gasto, ordenado, simple y justo. Un sistema tributario que atraiga inversiones locales y extranjeras.
Continuar con la creación de impuestos sin un crecimiento correlativo del PBI no hace más que empobrecernos porque la presión fiscal atenta contra el PBI per cápita. Según cifras del Banco Mundial, el PBI per cápita argentino a precios constantes de 2010, se ubicó en 2020 en USD 8.693, valores asimilables a los años 2005/06, lo que denota un retroceso de 15 años en el nivel de ingresos, el cual no fue acompañado con la correspondiente disminución de la carga fiscal, sino que, muy por el contrario, la misma aumentó notablemente más allá de una leve disminución entre los años 2016-2018.
Un nivel razonable de carga tributaria para cubrir un gasto público razonable y una simplificación de las obligaciones fiscales, incentivarían el aumento de la base de contribuyentes
Aun los países con mejor distribución de riqueza por habitante que en Argentina, requieren de una revisión constante de su gasto público, tomando las máximas precauciones sobre la asignación de los recursos para equilibrar sus cuentas públicas.
Sin ir más lejos, veamos el caso de Uruguay que recibe observaciones en tal sentido desde el BID a pesar de poseer un PBI per cápita que duplica al nuestro, un nivel de pobreza exiguo (10% vs 37% en Argentina) y una clase media que representa el 60% de su población. Si bien este ente internacional destacó su estabilidad institucional y política, y su bajo nivel de corrupción, al analizar el crecimiento del déficit fiscal, advirtió sobre el alto nivel de presión tributaria y de gasto público para mejorar los indicadores sociales.
Es evidente que en Argentina donde existe un déficit fiscal estructural asentado, es necesaria una reforma fiscal que equipare los gastos y las inversiones públicas con los ingresos. Debe partirse del principio de "simpleza tributaria" para avanzar con la eliminación de impuestos distorsivos que afectan gravemente la ecuación económica de las cadenas productivas, interponiéndose así en el crecimiento económico del país.
La premisa es clara, un nivel razonable de carga tributaria suficiente para cubrir un gasto público razonable junto con una simplificación profunda de las obligaciones fiscales formales, incentivarían el aumento de la base de contribuyentes que hoy están dentro del sistema con un consecuente incremento de la recaudación.
