El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado retirar el pasaporte al patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, y prohibirle que salga de España después de su declaración como imputado este lunes por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 marineros en el hundimiento del pesquero gallego. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 también le ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial y de estar localizado. Estas medidas cautelares van a impedir que pueda embarcarse de nuevo. El pasaporte es normalmente un requisito y las mareas en la pesca de altura, como en la que estaba el pasado 15 de febrero, cuando el buque naufragó en aguas de Terranova, duran en casi todos los casos más tiempo. La de que no pueda salir a faenar es una de las peticiones de las familias, que han declarado estar "aliviadas" tras conocer la decisión del juez.
Moreno acepta, así, las peticiones de la Fiscalía, a las que se habían adherido las familias de los fallecidos. Considera que en este caso no procede enviarlo a prisión provisional, sino una medida "menos gravosa", dadas "las circunstancias personales del investigado" y a que en la causa consta "la existencia de arraigo suficiente" y no se aprecia riesgo de fuga.
De acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en la declaración, Padín se ha ratificado en la versión de que, sobre las 04.00 horas de la madrugada el motor del barco se paró y que, debido al mal tiempo, se inundó la parte de babor y provocó que se ladease el buque. Aseguró que dio la orden de que toda la tripulación se pusiera el traje de supervivencia. Había suficientes para todos, dijo. El auto dictado este lunes por el juez recoge que en el expediente remitido por la Capitanía Marítima de Vigo consta que "el número total de personas para las que se había provisto dispositivos de salvamento era de 22".
La protesta de mar -una declaración del patrón para hacer constar su versión en caso de accidente o avería- realizada por el propio Padín ante el cónsul español en Montreal, "se pone de manifiesto que la tripulación estaba compuesta por 24 personas". Eran los que iban a bordo en el momento del hundimiento. Solo tres de ellos fueron rescatados con vida. Nueve cuerpos se recuperaron de las aguas en las primeras horas y los otros 12 no han sido localizados -aunque un juzgado gallego decretó su fallecimiento a principios de marzo-.
La versión de los hechos de Padín difiere de la que ha dado otro de los tres supervivientes, el marinero de origen ghanés Samuel Kwesi, que relató que no hubo un orden expresa de que se pusieran los trajes y que le llamó la atención porque el patrón y su sobrino, Eduardo Rial -el tercer superviviente- sí los llevaban. Según las mismas fuentes, en su declaración Padín argumentó que era responsabilidad de cada hombre ponérselo y que la tripulación se encontraba en shock. Kwesi, citado a declarar como testigo, repitió también su relato de lo ocurrido: niega que el motor se parase y eso diese lugar al hundimiento. Asegura que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo, y esto fue lo que provocó la escora. Los tripulantes, añadió, le gritaron al patrón que soltara los aparejos, algo que no hizo. Con el buque ya muy ladeado, el motor se paró, lo que hizo que la escora de babor aumentase.
Eduardo Rial, citado también como testigo, se ha refirmado en lo que ya había manifestado previamente sobre el naufragio. Su relato de lo ocurrido coincide con el que hizo su tío y, según el mismo, Padín dio la orden de abandonar el Villa de Pitanxo, arrió la balsa de estribor y encargó al primer oficial que hiciera lo mismo con la de babor.
Las familias de las víctimas no han dejado de movilizarse para pedir, primero que se continuase con la búsqueda en la zona, y ahora, que un robot descienda al pecio en busca de pruebas de lo que ocurrió.
La Audiencia Nacional ha empezado a practicar las diligencias en un caso que está pendiente de que se determine a qué tribunal corresponde. La Audiencia Nacional lo remitió a un juzgado de Marín, que rechazó la inhibición. La decisión de a quién compete deberá tomarla previsiblemente el Tribunal Supremo.
