La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, citó a Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, a las 10:00 am, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública […]
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La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, citó a Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, a las 10:00 am, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió por 53 millones de euros.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que la magistrada acordó interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para aclarar los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación. Así, tal y como ha publicado Vozpópuli, estimó la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias.
La juez instructora consideró pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.
Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a esta agencia, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía, que apenas recibió la ayuda, procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
Desde Plus Ultra confirmaron a Europa Press que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con Pdvsa no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales». La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este problema afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.
Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que lo habitual en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.
En dos horas y media aproximadamente, los peritos respondieron a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.
Ahora, será el turno de Plus Ultra, que deberá acudir al Juzgado el 15 de junio. Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar.
Tras el interrogatorio, la juez tiene pendiente responder a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.
La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía «concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno».
La Fiscalía de Madrid concluyó que no existían «elementos contundentes» que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.
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