El Gobierno de Ximo Puig ha rechazado en su informe sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la libertad de elección de la lengua la recuperación de los topónimos en castellano que se han suprimido en los últimos años para dejar únicamente la denominación oficial en valenciano.
En esta situación se encuentran dos de las tres capitales de la Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón, que ahora son València y Castelló), así como otras ciudades, caso de Calp, Dénia, Gandia, RafelBunyol y Beniardà, uno de los más recientes.
También hay municipios que mantienen las dos denominaciones (Alicante/Alacant, Elche/Elx, Alcoy/Alcoi) y en algunos casos, esta cuestión suscitó un intenso debate entre los partidos políticos, como en La Vila Joiosa, que finalmente conserva también el nombre de Villajoyosa.
Como razones para negarse a que la población pueda volver a utilizar de forma oficial los nombres en castellano, en el dictamen que firma Mónica Oltra como secretaria del Consell se argumenta que «el objetivo es salvaguardar la toponimia tradicional como elemento que forma parte del patrimonio cultural de todo el pueblo valenciano». No obstante, abogan por que cada municipio elija entre un idioma oficial o el otro según la «forma endónima», es decir, la denominación original, sea castellana o valenciana, pero solo una.
«Voluntad democrática»
En cambio, la ILP sustentada con cerca de 40.000 firmas (cuatro veces el mínimo necesario) plantea que se puedan usar ambas, criterio que no comparte la Generalitat: «Además de generar conflictos donde no los hay, esa propuesta no es respetuosa ni con la autonomía local y la voluntad democrática de sus órganos de gobierno y gestión, ni tampoco con la tradición histórica y lingüística de los municipios».
Desde Hablamos Español, la asociación que lleva adelante esta iniciativa legal y reclama sin éxito su debate en las Cortes Valencianas, han defendido su planteamiento de los topónimos en las dos lenguas porque «en España se manipula la historia y se retuercen los conceptos más básicos de la filología, todo ello con la intención de justificar que se está prohibiendo a los hablantes de una lengua oficial».
Y añaden que «se está llegando al extremo de intentar ridiculizar y reprender incluso quienes los usan bien en el ámbito privado».
