La iniciativa de Gobierno Abierto, contribuye a la consecución de un buen gobierno
Ante la pérdida de confianza generalizada en los gobiernos, los partidos políticos y la clase política, es alentador que el Gobierno de Nuevo León y los municipios de Monterrey y San Pedro se hayan adherido recientemente al programa internacional OGP local de la Alianza para el Gobierno Abierto.
La iniciativa de Gobierno Abierto, contribuye a la consecución de un buen gobierno: democrático, eficaz, eficiente, transparerente, comprometido con la rendición de cuentas y el estado de derecho.
La Open Government Partnership (OGP), se creó en 2011, con la mision de promover la apertura y reforma de los gobiernos para ser más receptivos y responsables ante los ciudadanos a efecto de fortalecer, o reestablecer, la confianza ciudadana en el gobierno.
Actualmente tiene presencia en 78 países y su objetivo es promover un modelo de gobernanza democrática en el que las administraciones públicas trabajen de manera colaborativa con la ciudadanía en la definición y resolución de problemas públicos relacionados con anticorrupción, participación ciudadana, gobierno digital, estado de derecho, inclusión y la creación de espacios cívicos.
El solo anuncio de la participación en este programa causa una buena impresión y contribuye a la buen imagen de un gobierno aparentemente comprometido con la apertura, la inclusión ciudadana y la rendición de cuentas.
Por ello genera expectativas de que existe la voluntad política de impulsar un buen gobierno que se distinga por su: eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, respeto a los derechos humanos, profesionalismo, austeridad, uso de recursos digitales y promoción del desarrollo sostenible.
Lo anterior nos hace recordar una de las enseñanzas de un excelente profesor de la Facultad de Economía, el Dr. Everardo Elizondo Almaguer, quien impartía la cátedra de Finanzas Públicas, y a pregunta expresa sobre cuál era el problema del endeudamiento público, señalaba: “el único problema de la deuda, es que hay que pagarla”.
Y ese también es el único problema de las expectativas; hay que cumplirlas porque, en una democracia, no hecerlo se revierte contra quien las generó.
En las últimas décadas, tanto en el ámbito nacional como en el local, el incumplimiento de promesas de campaña, compromisos de gobierno, pactos, alianzas y acuerdos, ha traído como consecuencia la pérdida de confianza en los gobernantes, en los partidos políticos y en la administración pública. Pérdida de confianza, y decepción, reflejada en los procesos electorales.
Como señala Francis Fukuyama en " Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity” : una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la economía es que el bienestar y la capacidad de desarrollo de una nación están condicionados al nivel de confianza inherente en la sociedad.
Nivel que se encuentra en nuestro estado y en el País, más bajo que el nivel de agua en la presa de La Boca.
Confianza que se ha perdido tras décadas de promesas incumplidas y expectativas frustradas por partidos políticos; gobiernos federales, estatales y municipales; y por políticos y servidores públicos.
La razonable, y razonada, pérdida de confianza es generalizada, incluyente y equitativa, pues, salvo gloriosas excepciones, se ha presentado en todo tipo de actores y organismos políticos, sin importar la ideología, formación académica, creencias religiosas, género u orientación sexual de las y los involucrados.
En una democracia la inconformidad social manifestada en las urnas es un voto de castigo, pero también, es un voto de esperanza renovada; de que alguien, ahora sí, cumpla sus promesas en beneficio del bienestar de la población y del desarrollo sostenible.
Éste es el problema de generar expectativas, que en el fondo son deudas con la sociedad; es deuda pública. Si no se paga durante el gobierno se paga después; social, judicial o políticamente.
El autor es economista, demógrafo y politólogo. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
