EL PRIMER Y quizás único rescate de una empresa privada que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realice, se va anunciar en breve: el de Altán Redes.
Los consejos de administración de Banobras, Bancomext y Nafinsa aprobaron inyectarle cerca de 150 millones de dólares, con lo cual la operación y control de Altán pasarán totalmente al gobierno de la 4T.
Banobras, que dirige Jorge Mendoza, aportará 64.5 millones de dólares, y Bancomext-Nafinsa, a cargo de Luis Antonio Ramírez, le meterán 45.5 y 40 millones de dólares, respectivamente.
Los otros alrededor de 100 millones de dólares será deuda que se capitalizará en este nuevo Crédito en Posesión del Deudor o DIP, que aportarán otros tres acreedores esenciales: Nokia y Huawei, como proveedores de la red, y el China Bank Corporation.
El DIP total rondará los 250 millones de dólares y la deuda convertida a nuevas acciones pasarán al gobierno de López Obrador, que las tomará por ser el aportante mayor del DIP vía la banca de desarrollo.
Los accionistas originales, léase el Mexico China Fund, el International Financial Corporation, Isla Guadalupe y Marapendi, que pertenece a Morgan Stanley, se diluyen y pierden toda su inversión.
Megacable de Javier Robinson Bours y Axtel del Grupo Alfa que preside Armando Garza Sada, se mantienen como accionistas no significativos y financiarán en calidad de proveedores.
Anthony McCarthy Sandland será el nuevo presidente del Consejo de Administración de Altán en lugar de Bernardo Sepúlveda Amor y Carlos Lerma el director general en sustitución de Salvador Álvarez.
McCarthy es un banquero profesional que viene del Banker Trust, Bancomer, HSBC y BCP Securities. Su última encomienda en el gobierno fue la dirección del Bancomext. Lerma fue director adjunto de Banobras en el área de infraestructura y hoy es el jefe de la oficina del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
El anuncio lo va realizar el mismo Presidente en Palacio Nacional porque el rescate de Altán significa el rescate también de uno de los proyectos prioritarios de su gobierno: lnternet para Todos.
México tendría Internet en 2021, prometió López Obrador en su segundo informe de gobierno; pero un mes después la meta fue aplazada a 2022 por el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma.
Y en su informe del 1 de septiembre del 2021 el tabasqueño volvió a retrasar la meta: “En 2023 todo el territorio nacional tendrá acceso a Internet”. Aunque no la mencionó, la promesa estaba anclada a Altán.
Pero Altán estaba ahogada en sus deudas desde abril del año pasado y no fue sino hasta noviembre de 2021 cuando entró a concurso mercantil, asesorada por el experto Fernando del Castillo, del bufete Del Castillo-Castro.
Tras poco más de un año de negociaciones, con casi 120 acreedores, la juez Primero de Distrito en Materia de Concurso Mercantil, Olga Borja Cárdenas, emitió la semana pasada sentencia de reconocimiento de créditos.
LE PLATICABA EL viernes de Robert Edens, el dueño de la franquicia de los Bucks de Milwaukee de la NBA, a propósito de la visita que hizo ese día al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En efecto, no había que echarlo al mismo saco de la casi veintena de CEOs que en las dos últimas semanas llevó el embajador estadounidense, Ken Salazar. Y es que Edens fue a proponer una inversión de alrededor de 3 mil millones de dólares para construir plantas de licuefacción, muy posiblemente en la zona del Corredor del Itsmo de Tehuantepec. A Edens lo recomendó Larry Fink, presidente de BlackRock, el principal gestor de fondos del mundo, y al parecer, aliado ya de López Obrador. Edens y Fink son socios y están viendo que el corte de suministro de gas a Europa por parte de Ucrania por la invasión de Rusia, abre una inmejorable oportunidad a Norteamérica. Estados Unidos tiene el gas natural para sustituir esa demanda insatisfecha y México puede convertirse en zona para transformarlo del estado gaseoso a líquido y transportarlo por barco. Quien haría ese proceso sería la empresa New Fortress Energy, de Edens.
Y YA QUE hablábamos del DIP de Altán Redes, fíjese que otra empresa en concurso mercantil que también va en el mismo camino es Landsteiner Scientific. El laboratorio farmaceútico mexicano, propiedad de Miguel Granados y que dirige Arturo Morales Portas, va por aproximadamente 400 millones de pesos para tener flujo y poder servir los contratos del Insabi que maneja Juan Antonio Ferrer; el IMSS que conduce Zoé Robledo y Pemex de Octavio Romero. Las primeras rondas iniciaron con el Bancomext que encabeza Luis Antonio Ramírez y con otros inversionistas. Zimma-Oaklis, que capitanea Arseny Lepiavka, es el asesor financiero, junto a Fernando Pérez Correa de Solcargo en la parte concursal. La conciliadora es Elisa Márquez. Landsteiner adeuda cerca de 2 mil 300 millones de pesos.
JORGE ARGANIS LLEVA tres titulares de la Unidad de Administración y Finanzas en los dos años que lleva como secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. Primero, Ramon Montaño y la semana pasada despidió de malas maneras a José Antonio Olivares. Lo peor es que nombró a Reyna Basilio Ortiz, que tiene en su historial una denuncia en la Secretaria del Bienestar por desviar recursos a favor de Morena en las pasadas campañas políticas. También fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación como responsable de irregularidades financieras por 104 millones de pesos. Antes fue la directora de Administración del proyecto de la L12 donde también fue investigada por diversas irregularidades.
