Primero llegó la campaña “soy mayor, no idiota”, contra los bancos, que lanzó Carlos San Juan. Y que tuvo su impacto, pues el Gobierno presionó al sector para tratar mejor presencialmente en las sucursales a los mayores que no dominan del todo la actividad digital, aunque en gran número usan perfectamente el móvil, wathsapp, y otras apps. Lo que que se han convertido en una tortura, y un coste, es intentar solicitar el pase o los cambios en la jubilación, dadas la casi imposibilidad de pedir una cita presencial (al menos en Madrid), y las enormes dificultades de resolver las situaciones por la vía digital, pues no son programas informáticos user-friendly o amigables para el usuario. ¿El resultado? Hay que acudir a una gestoría, que sí lo consigue, y como es lógico, cobra por la gestión más de 100 euros. Lo que implica que en muchos casos jubilarse cuesta dinero.
Sirvan dos ejemplos (de Madrid). El primero: varón que se jubila de un alto cargo en una empresa eléctrica. Es decir, ducho en muchas artes digitales. No lo consiguió hasta que pasó por gestoría. Segundo ejemplo: Mujer, con 66 años cumplidos, profesional autónoma, que domina muchos aspectos de lo digital porque es community manager de redes sociales en una empresa y ha diseñado páginas web. Cumplimenta cada trimestre por vía telemática su declaración trimestral de IVA (no tan fácil, pero Hacienda parece más user-friendly que la Seguridad Social). Al intentar pasar a la condición de jubilada, se encuentra con el muro de la práctica imposibilidad de concertar una cita presencial, y de hacerlo por vía digital. Por lo que tiene que recurrir a la consabida gestoría. Y como este hay muchos ejemplos de otros profesionales en situaciones similares.
Esto no pasaba antes de la pandemia. Los confinamientos y el trabajo online han impulsado un salto mayúsculo en la digitalización del país, y de muchos trámites administrativos, público y privados. Lo que es positivo, y responde a una tendencia general en el mundo. Pero cada vez trabajamos más para algunas empresas, como los bancos, que antes hacían sus trámites, las más de las veces a coste nulo. Pero en lo que respecta a la Seguridad Social, la pandemia ha supuesto un retroceso, con la digitalización y los recortes, o no reposiciones de personal. Y si en algo se justifica la atención presencial -o al menos telefónica- y personalizada es en la Seguridad Social, especialmente para los que están en edad o condición de jubilarse. El Gobierno no debería solamente abroncar a la banca, sino a sus propios servicios. Algunos han mejorado, pero otros, como el que nos ocupa, han empeorado.
Y ello cuando más hijos del babyboom llegan a la jubilación (aunque algunas encuestas sobre capacidades digitales los desestimen). La mayor parte de ellos se han hecho digitales en su trabajo y en su vida cotidiana. Es decir, que no son, no somos, analfabetos digitales. Pero a veces nos encontramos con esos muros infranqueables. Menos mal que existen las gestorías, que sí parecen tener los conocimientos y accesos necesarios. Pero es el colmo que para poder jubilarse haya que acabar por pagar dinero.
