Cada 10 puntos porcentuales de subida del precio de los alimentos —tomando como referencia la cesta global que calcula el Banco Mundial— se traslada en 0,75 enteros al IPC (Índices de precios de consumo) de España en el siguiente año. Según este cálculo de Oxford Economics, el encarecimiento de la cesta de la compra suma más a la inflación general en España que en los otros grandes países europeos. El centro de análisis señala que solo en Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Luxemburgo este impacto es mayor dentro de la eurozona. Mientras, esta misma relación apenas alcanza el medio punto para Italia, Francia y Alemania.
Esta dinámica tiene varias consecuencias inmediatas, y otras a medio y largo plazo. En primer lugar, supone que el actual pico de inflación es mayor en España que en el resto de grandes economías europeas. Es decir, el golpe a los salarios, a los costes de las empresas y a la actividad en general es más acusado, pese a la resiliencia del empleo.
Después, conlleva que el daño de la inflación a las familias más pobres, ya de por sí más agudo al dejarse una mayor parte de sus ingresos en el supermercado (hasta cuatro veces más), es aún más intenso.
El Banco Central Europeo (BCE) expuso esta misma semana que la quinta parte de los hogares de la eurozona con menos renta disponible dedica un 40% de ella solo a energía y alimentación. Y se trata de un consumo del que no se puede prescindir, y que para los ciudadanos de renta más alta representa escasamente un 10% de sus ingresos totales.
Oteando un horizonte más lejano, en un pico de inflación como el actual, en el que el primer factor que aceleró la subida de los precios fue precisamente la energía por la perturbación que constituye la invasión en Ucrania en los mercados internacionales de petróleo, gas y otras materias primas, el mayor traslado de la alimentación al resto de la cesta de bienes y servicios implica mayor persistencia de la inflación.
Esta situación se mantendrá incluso si medidas como el tope al gas en la generación de electricidad rebaja la factura de la luz en los próximos meses; o si, en el mejor escenario posible, la guerra iniciada por Rusia a finales de febrero termina pronto y se normaliza el mercado de materias primas internacional.
"Además de hacer subir los precios del supermercado, la inflación mundial de los alimentos nutrirá la inflación subyacente [la que excluye precisamente la energía y los alimentos no elaborados, y que en España se fue al 4,4% en abril, respecto al mismo mes del año anterior, un récord de 1995], principalmente a través de los precios más altos en los restaurantes", explica Thomas Dvorak, economista de Oxford Economics.
"La presión de la demanda en la hostelería tras la ola de contagios de COVID de la variante ómicron podría reforzar el traspaso de la subida de los precios de los alimentos a la inflación subyacente", continúa el experto. En esa línea, en España, en abril, con la la Semana Santa, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se incrementó un 29,5%, su mayor repunte desde el inicio de la serie, en 2002. Y siete puntos más que en el mes de marzo.
Esta amenaza se agrava en España. Por un lado, por el gran peso del turismo en la actividad económica. Y, por otra parte pero directamente relacionado, porque es "el país con mayor gasto respecto al total (algo más de un 30%) en alimentación y hostelería" (ver gráfico).
Nuestro país lidera esta clasificación por delante de Grecia, Chipre y Portugal, y con un PIB per cápita (riqueza por persona) por debajo de la media de la eurozona, y lejos de Alemania, Países Bajos y Francia.
La importancia de Rusia en el mercado global de petróleo y gas, y también en el de materias primas importantes para la industria y de minerales cruciales para la transición ecológica, ha intensificado la escalada de precios desde antes de iniciar la invasión de Ucrania. Además, respecto a los alimentos básicos, antes de la guerra, en conjunto, ambos países producían el 25% del trigo que se comerciaba en el mundo y el 15% del maíz. En los dos casos se han disparado los precios en los últimos meses, hasta un 20% respecto a 2021.
Para entender mejor el riesgo de una inflación persistente, que encuentre sustento en los alimentos y sin subida de salarios que la compense (que ya pide hasta el BCE), sirve un caso práctico. El 7,5% de IPC medio que estima el Banco de España para este 2022 supone perder una paga del sueldo respecto al año pasado. En cifras concretas, si a un salario bruto anual de 20.000 euros de un trabajador, que recibe 1.429 euros en cada una de las habituales 14 pagas, la subida de los precios le da ese mordisco del 7,5%, el recorte en la renta es de cerca de 1.500 euros. Es decir, efectivamente pierde una paga, que no significa lo mismo para las familias con menos ingresos que para otras con más, o con muchos más.
Esta misma semana, tanto el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, como uno de integrantes del comité ejecutivo de la institución, Isabel Schnabel, han pedido subidas de salarios que compensen la inflación.
En el último tuit, la alemana del BCE llega a señalar que las beneficios de las empresas son un acelerador de la inflación y que, aún así, todavía esperan elevar los precios los precios de venta en los próximos meses (según el gráfico de la derecha que muestra una encuestas por sectores: manufacturas, servicios y comercio minorista).
