La pandemia ha disparado el gasto público en España.
Si tras la crisis financiera se estabilizó en torno al 40% del PIB, en 2020 superó el 50% y con la agravante de que nuestro país ha sido la segunda economía, después de Grecia, que más ha incrementado su nivel de gasto en porcentaje del PIB. En concreto, si la media del gasto público en la UE creció 6,6 puntos entre 2019 y 2020, en España se disparó 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4%, según datos de Eurostat. Esto provocó que el gasto público en España, tradicionalmente inferior a la media europea, en el primer año de pandemia prácticamente se situó en el mismo nivel. Este incremento se explica tanto por la caída del PIB en nuestro país, más del 10%, muy superior a la media europea; como al mayor gasto en políticas económicas y sociales para hacer frente a la pandemia. Equipararnos al gasto público europeo nos ha supuesto liderar el ranking de déficit público, que en 2020 alcanzó el 11% del PIB.
Lo preocupante, no obstante, no son las cifras récord de gasto público durante la pandemia, que son entendibles. La salud es lo primero y proteger a la población con ayudas, ERTE y lo que sea necesario durante un momento de cerrojazo prácticamente total de la economía, no solo es entendible sino muy aconsejable. El problema es que una vez superado, o al menos gripalizado el Covid, los gastos siguen disparados. Esta misma semana hemos conocido que el Gobierno ha lanzado una histórica cifra de empleo público, con casi 45.000 nuevas plazas, que se convertirán en gasto estructural para el futuro.
La pandemia disparó el gasto público hasta el 50%del PIB, 588.000 millones de euros
También se han hecho públicas las cifras del gasto en pensiones. Casi 11.000 millones se destinaron en mayo a pagar estas prestaciones, un 4,8% más que en el mismo mes del año anterior. Aumenta el número de pensionistas, la prestación media y se reduce ligeramente el peso de este gasto en el PIB, hasta el 11,8% del Producto Interior Bruto. La reducción no se debe, lógicamente, a que se haya reducido el gasto, sino al fuerte incremento del PIB nominal, incluyendo la inflación, en el último año. Y además Bruselas está preocupada por la reciente norma que liga el incremento de las prestaciones a la inflación.
Etas son solo algunas de las medidas que tensionan las cuentas públicas y que explican el elevado déficit estructural de la economía española, que el FMI cifra en unos 50.000 millones de euros, el 4% del PIB. Ante esta situación, el elevado nivel de endeudamiento de las Administraciones y la más que previsible subida de los tipos de interés, el Gobierno necesita, sí o sí, diseñar un plan fiscal a medio y largo plazo, tal y como le reclama el Banco de España y la Airef. Conociendo a este Ejecutivo y a sus socios parlamentarios, no tengo dudas de que el plan se asentará en una sola pata, la de la subida de impuestos, una subida de impuestos que, unida a la elevada inflación, solo serviría para ahogar más la economía.
La alternativa de reducir el gasto tendría menos efectos perversos y se podría hacer sin limitar los servicios públicos si se pusieran en marcha medidas para aumentar la eficiencia de ese gasto. Según el Índice IEE de Eficiencia del gasto público, España tiene mucho margen de mejora, ya que frente a una media de 100 en la OCDE, nuestro país obtiene 74,4 y ocupa el puesto 29 de 37. Esto significa que hay margen para lograr que el gasto público sea más eficiente. Pero ¿cómo se consigue? Probablemente una de las mejores fórmulas es aplicar criterios de gestión privada en las administraciones públicas. El IEEda varias recetas que pueden resultar. Tratar a los contribuyentes-usuarios de los servicios públicos; primar el mérito y el esfuerzo en el empleo público fomentando las carreras profesionales en la administración; introducir análisis sobre si el gasto cumple los objetivos para los que se destina... ¿Ciencia ficción? Ojalá no lo fuera.
