El Gobierno ha tirado la toalla en dos temas de gran envergadura y que fueron sus banderas al inicio de la legislatura: la financiación autonómica y abordar una reforma fiscal en profundidad.
Fuentes del Ejecutivo admitieron a República.com que no hay tiempo, ni se dan las condiciones políticas para afrontar estos dos asuntos tan espinosos en lo que resta de legislatura, al menos, con los parámetros que quería hacerlo el Gobierno.
Sobre la financiación autonómica hay dos motivos para aparcar el asunto. El primero, el calendario electoral que se avecina con las elecciones autonómicas y municipales ya a menos de un año, lo que impedirá una negociación sosegada. Es más, dicha negociación, probablemente, conduciría a que cada gobierno autonómico saque banderas reivindicativas de máximos que hicieran inviable el acuerdo.
Pero, además, hay posiciones absolutamente diferenciadas entre los barones del PSOE y PP, incluso, dentro de sus propios partidos. Sólo basta recordar el encuentro en noviembre organizado por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la financiación autonómica, donde acudieron dos comunidades del PP (Galicia y Castilla y León) y cinco del PSOE (Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Asturias). Pero por los populares faltaron Madrid o Andalucía; y por el PSOE declinaron ir al encuentro la Comunidad Valenciana o Baleares.
Los criterios para regular la financiación entre las comunidades son antagónicos y en este caso prima más el territorio que las siglas del partido al que pertenece cada Gobierno.
En cuanto a la reforma fiscal, hace apenas dos semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció en el Congreso a preguntas de la oposición sobre cuándo presentaría la reforma fiscal que “hay que acompasar el crecimiento económico con la reforma fiscal”. Es decir, no dio fechas para afrontar este asunto y, sobre todo, dio a entender que no habrá una reforma fiscal integral y en profundidad, como el primer objetivo del Gobierno.
En este sentido, Montero apuntó que se trabajará en las líneas maestras de las modificaciones tributarias para poder “blindar” el estado del bienestar, como la subida del IRPF a los tramos más altos o subida del impuesto a las grandes sociedades.
Pero todo indica que estas modificaciones fiscales serán objetivo de negociación de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, como guiños a las formaciones de izquierda que serán imprescindibles para sacar adelante las Cuentas del Estado.
Detrás de todo esto también se esconde que el Gobierno es consciente que el “caso Pegasus” ha minado la confianza entre sus tradicionales apoyos parlamentarios pero, sobre todo, que tras el verano se entra en un año marcadamente electoral, que dificultará cualquier acuerdo.
Por ello, el objetivo del Gobierno es ir con temas que sean susceptibles de salir adelante, y no pasarse el último año de legislatura perdiendo votaciones. Ni la financiación autonómica ni la reforma fiscal están entre ellos.
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