La funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que asumió la gestión de la compra de material sanitario ahora bajo la lupa de un juez, Elena Collado, ha testificado este viernes durante más de tres horas y ha asumido «toda la responsabilidad» de lo que acabó ocurriendo: que el Consistorio pagó diez millones de euros por mascarillas, guantes de calidad inferior y test de covid defectuosos con precios inflados hasta en un 48% que iban a acabar en las cuentas de dos comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina. Ha dibujado una suerte de caos en la gestión de aquellos días, pero situándose en el epicentro.
Según informaron en fuentes jurídicas presentes en la declaración, el interrogatorio, largo y a ratos deslabazado, ha aportado poco de novedad respecto de lo que ya explicó Collado cuando fue el fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol quien la citó para que compareciera al inicio de las pesquisas: Que asumió que Luceño y Medina querían colaborar en un momento de crisis sanitaria y que suponía que algo se llevarían, pero jamás intuyó que fuese a ser una comisión tan elevada.
En esta línea, ante el juez ha explicado que se decantó por la oferta que ambos presentaban frente a otras porque «eran españoles», no pedían un 100% de la cuantía por adelantado y porque se hizo una primera revisión que acreditó que ambos eran empresarios y tenían sociedades en activo. Le inspiraron, dice, «fiabilidad» frente a otros proveedores que, en aquellos días, se acercaron al Ayuntamiento: parecía que la mercancía era buena, mandaron documentación en seguida (ahora esos papeles son sospechosos de falsedad) y garantizaban plazos de entrega muy competitivos.
Collado se situaba así como dique de contención frente al posible tráfico de influencias para contratar con Medina y Luceño que vienen apuntando las acusaciones populares que ejercen Más Madrid, PSOE, Podemos y el Grupo Mixto de la Asamblea, por el modo en que los comisionistas llegaron hasta la funcionaria. Medina recurrió a una profesora de universidad amiga suya que le proporcionó el teléfono del primo del alcalde. Este, a su vez, contactó con la coordinadora de la Alcaldía, Matilde García Duarte, quien le indicó el correo genérico al que enviar las ofertas. Desde allí, el correo fue reenviándose a distintos departamentos. Y llegó a Collado.
Ella, en la sesión de este viernes, ha aportado una novedad. En su momento no recordaba si Medina la llamó o fue ella quien llamó a Medina. Tampoco sabía decir si, en este segundo caso, alguien le había dado directamente su número de móvil. De ahí las sospechas de las acusaciones populares. Ante el juez, ha recordado que el teléfono estaba en ese primer email que le reenviaron. El mismo que, tal y como informó ABC, no recogía la oferta que finalmente fue contratada, sino documentación de una empresa distinta y sin relación con la compañía malasia, Leno, a la que se supone hicieron la compra final de material.
Hasta aquí, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario y a lo declarado a los medios por la letrada de Más Madrid al término de la comparecencia, los puntos claros. Las sombras empiezan cuando se le ha interpelado por el motivo de que ella, que formalmente se encarga de la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento, estuviera asumiendo la gestión de unas compras que podría haber llevado cualquier otra área del Consistorio con experiencia en el tema.
De acuerdo a esas fuentes, Collado ha insistido en que lo asumió ella porque «alguien tenía que hacerlo» y siempre ha sido una persona «voluntariosa» y de hecho, ha detallado que lo compaginó con otras funciones como organizar el teletrabajo y las bajas en el Ayuntamiento, que sí tiene que ver con sus competencias cotidianas. Este asunto, con todo, no es objeto de la investigación, aunque para las acusaciones es relevante porque siguen sospechando -no así la Fiscalía Anticorrupción y el juez- que la funcionaria recibió instrucciones directas para hacer caso a Medina en un momento en que ese email genérico estaba recibiendo, según el consistorio, decenas de mensajes entre propuestas de ventas y donaciones.
Durante su testimonio, también ha desarrollado lo que ocurrió cuando intuyó que había una estafa, tal y como dijo por whatsapp al propio Luceño en unos mensajes que obran en el sumario. Según ha explicado Collado, lo que pensó no fue que el comisionista estuviera engañando al Consistorio, sino que la empresa malasia les había estafado a todos, él incluido. Sobre la marcha, aceptó lo que él le propuso, una devolución de 4 millones de dólares para compensar que los guantes recibidos no eran de la calidad prevista. No ha sabido aclarar a preguntas de las acusaciones con qué autorización o con qué autoridad aceptó los términos de compensación que le proponía Luceño. Le pareció bien y no, no lo denunció.
En cuanto a lo que sabían o dejaban de saber fuera de ese chat -cuya cordialidad ha enmarcado en la normalidad- en el Ayuntamiento, Collado ha apuntado que existía una suerte de comité de gestión donde tenían presencia responsables de las distintas áreas concernidas, como Emergencias y que de los contratos más relevantes iba informando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, no ha precisado de qué manera porque no recuerda cómo era ni en qué nivel de detalle. Se ha remitido reiteradamente al caos de aquellos días, con «todos confinados» conversaciones continuas por teléfono y plena pandemia.
