la tensión entre los familiares de los veintiún marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo y la armadora del buque va en aumento. El anuncio de que el Grupo Norés pretende ser parte perjudicada en la causa por el accidente acabó por calentar a los ánimos entre el entorno de las víctimas, que ayer cargaron duramente contra la armadora por lo que calificaron como un movimiento «muy doloroso». A espera de que la Audiencia Nacional decida si acepta la pretensión de la armadora de Marín —algo incompatible con que tenga algún tipo de responsabilidad en el siniestro—, las familias aseguran que los únicos perjudicados son ellos, que están «rotos» y son los que realmente quieren saber «la verdad».
La relación entre unos y otros se enrareció poco después de que el buque se fuera a pique en aguas de Terranova, el pasado 15 de febrero, cuando la versión del tercer superviviente salió a la luz. Las declaraciones de Samuel Kwesi dejaron al descubierto presuntas presiones por parte del patrón y del Grupo Norés tan solo unas horas después de que fuese rescatado de la lancha donde vio morir de frío y perderse en el agua a la mayoría de sus compañeros. Según el pescador ghanés, Juan Padín, el patrón, lo interpeló para que no contase las causas reales del accidente y para que se plegase a la tesis oficial, construida por la armadora y el capitán. Los propios tripulantes del pesquero que rescataron a los tres supervivientes, el Playa Menduíña Dos, reconocieron que fueron testigos de estas presiones y dieron cuenta de una conversación para convencer a Kwesi de que ocultase cómo se había gestionado el naufragio. También hubo, constataron, una llamada por parte de la armadora con parecida finalidad.
Las palabras del marinero fueron respaldadas por las declaraciones de varios familiares que dieron cuenta de las supuestas negligencias detectadas a bordo no solo el día de la tragedia, sino en jornadas previas. Entre ellas, y tal y como recogió ABC, el maltrato a los marineros infectados por Covid, encerrados atendiendo a estos relatos en una suerte de trastero sin aislamiento y con un cartón tirado en el suelo a modo de catre. Ahora, y a espera de conocer los argumentos que el Grupo Norés esgrime en su solicitud ante la Audiencia Nacional, por el momento secretos, los allegados de los tripulantes que perecieron en el naufragio exigen que se descienda al pecio para evaluar su estado y recabar pruebas que ayuden a descubrir la causa reales del accidente. Es la única forma, aseguran, de aclarar el baile de versiones entre unos y otros y conocer cómo se fraguó realmente la catástrofe marítima.
Reunión con Canadá
Su exigencia pasa por que un robot descienda hasta el buque y conocer así cuál fue el mecanismo que falló: si el motor de la nave, como defiende el patrón, o las maquinillas que recogen el aparejo, como declaró Kwesi. El último intento para que la búsqueda se lleve a cabo aprovechando el buen tiempo en la zona lo harán ante las autoridades del Centro de Coordinación de Rescate Halifax de Canadá, con quien según comunicó este lunes la Delegación del Gobierno en Galicia, hablarán por vía telemática «en próximas fechas». Entregados a que el barco sea objeto de investigación, la hija de uno de los marineros fallecidos, María José de Pazos, reprochó ayer el ghanés siempre ha insistido en la necesidad de buscar el barco hundido, mientras que los otros dos supervivientes (Padín y su sobrino Eduardo Rial) no lo han solicitado, así como tampoco lo ha hecho la empresa armadora. «Con las palabras cada uno se retracta», indicó sobre el nuevo giro de los acontecimientos y con la mente puesta en la declaración del patrón el próximo martes en la Audiencia Nacional como único investigado por el siniestro, el peor de la historia marítima española de los últimos cuarenta años. «No fue un accidente marítimo cualquiera. Hay indicios muy claros, como dijo un magistrado de la Audiencia Nacional» lanzó ayer la portavoz de las familias a quienes, en opinión de los afectados, tratan de darle la vuelta a lo sucedido.
Con la declaración de Padín fijada para el día 31, misma jornada en la que Rial y Kwesi aportarán su versión como testigos, sigue en el aire la cuestión competencial acerca de qué tribunal se debe hacer cargo de la compleja instrucción. A principios del mes pasado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó remitir a los juzgados de Marín la investigación sobre el naufragio, indicando en su auto que veía indicios de «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores». Sin embargo, el juzgado de Marín rechazó hacerse cargo del caso, al no verse competente, por lo que ahora la AN comenzó las diligencias, a espera de que el Supremo se manifieste. El avance en las pesquisas, que explica la próxima toma de declaraciones, conecta con las dudas que al tribunal madrileño le generaron las explicaciones del patrón. La sospecha se centra en la hora a la que el patrón afirmó que se paró el motor, y que no coincide con la velocidad con la que el buque navegaba en ese momento. Sobre este hecho pivotará buena parte del interrogatorio al que el capitán será sometido en unos días, y en el que se tendrá que enfrentar a las acusaciones vertidas por el marinero Samuel, que manifiesta que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora. La tripulación, sostiene, le pidió de forma airada al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor. Samuel subrayó que en ningún momento el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia aunque él y su sobrino sí los llevaban cuando todos llegaron al puente.
Para las familias, en sintonía con las dudas planteadas por la Audiencia, el accidente «no es un naufragio más», sino que podría estar ocultando veintiún delitos de homicidio por imprudencia, uno por cada marinero que se dejó la vida en la marea de Terranova.
